Los policías imputados en el crimen ocurrido en mayo de 2021 querían trasladar el juicio desde Lago Puelo a otra localidad argumentando que la comunidad estaba “contaminada” y que no podría actuar con imparcialidad. Sin embargo, el magistrado resolvió que no había pruebas suficientes para justificar el cambio.
Miguel Wisky, abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), destacó que “el juez, con buen criterio, desestimó eso” y recordó que el planteo había sido presentado el viernes de la semana pasada. La fecha de inicio del juicio quedó ratificada para el 16 de septiembre en los tribunales de Lago Puelo.
Este lunes también se avanzó en el sorteo de aproximadamente 140 jurados populares —70 hombres y 70 mujeres—, con el fin de garantizar imparcialidad en la selección. “A mí en lo personal me llamó la atención la cantidad, pero esto permite extraer de la mayor cantidad de gente a los jurados más idóneos”, señaló Wisky. Finalmente quedarán 12 titulares y suplentes, y el veredicto deberá ser unánime.
El abogado explicó que la mayoría de los jurados provendrán de la jurisdicción de Lago Puelo y localidades cercanas. Si alguno no pudiera cumplir su función, se buscarán reemplazos en pueblos vecinos. “Es importante que el pueblo participe en las decisiones judiciales”, remarcó.
Desde la APDH cuestionaron la actuación del Estado en casos de este tipo, comparando la situación con el caso de Santiago Maldonado.
“De eso no se aprendió absolutamente nada”, advirtió Wisky, y sostuvo que existe “una corrupción que hace que la gente muera porque no llevan adelante los procedimientos como corresponde”.
Finalmente, el letrado subrayó que “no solamente la familia, sino todos quienes conocieron a Tino están esperando justicia”. Y concluyó: “Un país civilizado, una provincia civilizada, tiene que tener un muy buen servicio de justicia y garantizarlo por sobre todas las cosas”.
UN CRIMEN POR IMPERICIA
Martín Alejandro “Tino” John era un paciente psiquiátrico de 63 años que fue ejecutado en 2021 por policías del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) cuando el ministro de Seguridad era Federico Massoni. La lucha de la viuda llevó a juicio a tres de los policías por el homicidio.
El hecho ocurrió en el paraje Las Golondrinas, cerca de la localidad de El Hoyo, durante un operativo desmesurado en su casa que incluyó una veintena de efectivos, bombas de estruendos y gases lacrimógenos. Tino era paciente psiquiátrico y al momento del disparo estaba calmado. El primer fiscal del caso y hasta el poder político provincial encarnado en el ministro de Seguridad aunaron esfuerzos para deformar el caso –el escándalo– e instalar que los efectivos sólo habían rebatido el ataque de un sujeto peligroso en defensa de propios y terceros.
La lucha incansable de Claudia Costa Basso, pareja de Tino y testigo del infame crimen, terminó por imponer la verdad. Por eso tres policías serán juzgados por un tribunal popular acusados de homicidio.
A principios de mayo, el juez penal de Esquel, José Luis Ennis, resolvió enviar a juicio al oficial Luis Américo Moggiano por el delito de homicidio agravado (con expectativa de pena de prisión perpetua); la misma suerte corrieron el jefe de la comisaría de El Hoyo, Omar Eduardo Martínez, y el jefe del GEOP, Cristian Alejandro Soto, aunque ellos rendirán cuentas por homicidio culposo e incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.
El 26 de mayo de 2021, una llamada a la comisaría de El Hoyo alertó sobre disparos en la zona. Cuando los policías se acercaron, Tino les impidió el paso a su chacra. “Él era bipolar y se había descompensado por los incendios en la zona; tenía todos los pies quemados por salvar nuestra casa. Había habido tomas de terrenos y ese día se había metido gente a nuestra chacra y Tino disparó al aire para que se fueran”, afirmó Claudia.
La mañana del 27 los que volvieron a la chacra de Tino fueron los miembros del GEOP. “Tiraron la puerta abajo y entraron como 20 policías con cascos y armas largas; me agarraron de la nuca y me ataron con precintos. Escuché que arriba tiraron un ladrillo para romper un vidrio. Hubo explosiones, gases lacrimógenos. Fue una ejecución”.
Pero Federico Massoni opinó lo contrario. “El accionar de la policía de Chubut ha sido extremadamente correcto (…) se ha cumplido con todos los protocolos, así que no tengo ningún reproche respecto a eso”, afirmó entonces en rueda de prensa.
La misma línea argumental convalidó el fiscal Carlos Díaz Mayer (tardó un año y medio desde el hecho en abrir la investigación), cuando solicitó el sobreseimiento del oficial Moggiano, autor del disparo y único imputado hasta ese entonces, por considerar que “no hubo un error. Estaba cumpliendo con lo que la ley le marca”.
En 2023, la causa pasó a manos del fiscal de Esquel, Martín Robertson, quien se diferenció de su antecesor. “Los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables varias alternativas destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió”, concluyó.