En un reciente acto judicial, la fiscal de Sarmiento, Rita Barrionuevo, junto con el abogado de fiscalía Matías Ayuzo y la abogada adjunta del Ministerio de la Defensa Pública Rosa Sánchez, coincidieron en solicitar al juez Ariel Quiroga la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para las hermanas Nadia Janett Sisterna (34) y Bárbara Micaela Sisterna (25). Las acusadas, partícipes necesarias en un caso de chantaje, se enfrentaban a la posibilidad de un juicio penal.
Las condiciones acordadas incluyen la presentación de las hermanas Sisterna ante el cuerpo de delegados de control de Trelew en seis ocasiones durante un período de tres años. Además, deberán efectuar un pago de 50 mil pesos cada una a la víctima como parte de la reparación.
Se requirió también una orden de prohibición de contacto y acercamiento hacia el damnificado, así como el compromiso de no incurrir en nuevos delitos.
El acuerdo se formalizó en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento, con la representación del Ministerio Público Fiscal por parte del abogado Matías Ayuzo. Las imputadas, conectadas vía webex desde la Oficina Judicial de Trelew, contaron con la asistencia de la defensora pública Rosa Sánchez.
La defensora Sánchez presentó un escrito solicitando la incorporación de las imputadas al beneficio de suspensión de juicio a prueba, detallando las condiciones que justifican la petición. Ayuzo, por su parte, no se opuso al requerimiento y confirmó el acuerdo de la víctima con la reparación propuesta.
El juez Quiroga explicó a las hermanas Sisterna las obligaciones y reglas de conducta a seguir, así como las posibles consecuencias de incumplimiento. Las acusadas expresaron su comprensión y aceptación de los términos requeridos.
COMO SE LLEGO HASTA ACA
La investigación, llevada a cabo entre junio de 2021 y enero de 2022, reveló que el damnificado estableció contacto a través de Facebook con una usuaria llamada “Aldana Gutiérrez”, con quien luego intercambió fotos y videos íntimos por WhatsApp.
Posteriormente, recibió una llamada de un individuo que se identificó como “Danilo Sepúlveda”, alegando ser el abogado de la familia de Gutiérrez y exigiendo 130.000 pesos para evitar acciones legales, bajo la falsa premisa de que Gutiérrez era menor de edad. La víctima accedió a la demanda y realizó la transferencia a una cuenta bancaria vinculada a Natalia Soledad San Martín.
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez.
En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal estableció que el número de CBU donde se recepcionaron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de Nadia Sisterna.
Por otra parte, refirieron que el 20 de septiembre de 2021, la víctima, recibió un nuevo mensaje de WhatsApp.
En el contenido del mensaje, una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal, le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria.
Para ello, le dio un número de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que pertenece a la imputada Bárbara Sisterna. En esa oportunidad, el damnificado, realizó cuatro envíos de dinero.