Emilio Porras Hernández renunciaría a su cargo como procurador general adjunto del Ministerio Público Fiscal según trascendió en las últimas horas, ante un pedido de juicio político presentado por un integrante del gabinete provincial, como el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.
De confirmarse este anticipo, sería el tercer cargo importante del Poder Judicial que sigue el mismo camino en un año, como ocurrió con Daniel Báez (ministro de la Sala Penal del STJ) el 31 de marzo y como sucederá con Alejandro Panizzi (ministro de la Sala Penal del STJ) el 30 de septiembre, ambos con pedidos de juicio político en la Legislatura.
El cargo de Procurador General Adjunto fue creado por ley el 27 de septiembre de 2008 y ocupa el segundo lugar más importante jerárquicamente dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut, siendo el reemplazante natural del Procurador General, jefe de los fiscales.
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Hace un mes, a comienzos de agosto, ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político, con la firma del ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, quien a su vez es fiscal de Comodoro Rivadavia en uso de licencia especial.
Allí pide la destitución de Emilio Ricardo Porras Hernández, por las causales del mal desempeño, desconocimiento del derecho y falta de objetividad, por tres hechos concretos.
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A diferencia de lo ocurrido con el caso Panizzi, el tema no había tenido movimiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Sin embargo, la información recabada por ADNSUR muestra que los movimientos de Porras no dejan lugar a dudas: dejará su cargo en breve para volver a su trabajo habitual hasta jubilarse.
LA DENUNCIA
La denuncia contra Porras Hernández tiene tres aristas: la primera, le cuestionan el alquiler del local para el laboratorio forense que autorizó, y que lo beneficiaría de manera indirecta, ya que es un familiar político, como su suegra: “lo escandaloso y que vulnera toda norma ética, es que la titular es la progenitora de la por entonces esposa de Porras Hernández Ana Karina Koroluk”, dice la denuncia de Iturrioz.
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El segundo hecho, apunta a la influencia ejercida por Porras para que se avance en una investigación por la presunta responsabilidad de la cooperativa local en el incendio de una propiedad que le pertenece. La explicación para el denunciante es que “el funcionario tiene bajo su órbita la supervisión de todas las causas que se tramitan en aquel medio, la que ejerce sin la enjundia demostrada en esta, vale decir que desprecia el valor justicia y solo pretendió hacer valer su elevado rol jerárquico para intentar cambiar la suerte de la investigación, prevaliéndose de su posición de superioridad sobre el correcto accionar de su subordinada”.
Lo acusa de que “para lograr tal trato preferencial no dudó en «visitar» reiteradamente a los funcionarios que tenían a su cargo el trámite del Legajo” por lo que “con la actitud asumida el infractor claramente violentó los postulados contenidos en el artículo 15 de la Ley I N°: 231, que impone el deber de Objetividad, incurriendo en mal desempeño de sus funciones y demostrando un claro desconocimiento inexcusable del derecho”.
Y finalmente, le cuestiona los términos de una nota dirigida al procurador Jorge Miquelarena respecto a los lugares de detención en la zona sur, en la que “demuestra a las claras un desconocimiento inexcusable del derecho. Tal conclusión se impone como irreductible. Igual o más claro aún en cuanto a demostrar que Porras confunde la vigencia de la forma republicana de gobierno y el sistema acusatorio/adversarial que impera en nuestro medio”, afirma Iturrioz.