Después de más de dos décadas de sufrir violencia física, psicológica y verbal, una mujer de Valcheta tomó la decisión de denunciar a su pareja, padre de su hijo adolescente. El episodio final se desató el pasado 28 de junio, cuando una discusión por el ruido de un auto terminó con una cachetada y una serie de agresiones verbales, lo que motivó la intervención de la policía.
La víctima relató que el conflicto pareció calmarse con la llegada del patrullero, pero una vez que los efectivos se retiraron, el hombre volvió a agredirla con golpes de puño. Temiendo por su integridad, la mujer se dirigió a la comisaría local, mientras él intentaba detenerla. La rápida llegada de un móvil policial evitó que lograra interceptarla.
La intervención del juzgado de paz
El caso fue tramitado bajo la ley provincial 3040, destinada a abordar la violencia familiar y de género. La jueza de Paz Denise Gattoni impuso medidas cautelares por 180 días, entre ellas la exclusión del hogar del agresor, identificado como LGJ, y una prohibición de acercamiento de 100 metros, además de la prohibición de contacto por cualquier medio.
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También se ordenaron rondines policiales para verificar el cumplimiento de las medidas y se prohibió expresamente que el acusado transite o merodee por el domicilio de la denunciante.
Protección integran y restitución de derechos
La magistrada determinó que la vivienda debe ser restituida a la mujer, quien manifestó su intención de trasladarse temporalmente a Córdoba junto a su hijo de 14 años para visitar a su familia. En su ausencia, el acusado podrá retirar pertenencias personales solo con un conocido de confianza, en un horario previamente pactado.
Además, se le advirtió que no podrá ejercer ningún tipo de violencia, ni siquiera proferir agravios en lugares públicos o privados, ni realizar reclamos por redes sociales o mensajería. Las prohibiciones de maltrato también alcanzan al hijo menor de edad.
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Cuota alimentaria y apoyo psicológico
En lo económico, la jueza ordenó una cuota alimentaria equivalente al 20% de los ingresos mensuales del acusado, quien deberá presentar recibos de sueldo y comprobantes de pago entre el 1 y el 10 de cada mes en el Juzgado de Paz.
Tanto la mujer como el hombre deberán realizar un tratamiento psicológico, con el objetivo de trabajar sobre la situación de violencia vivida. La atención se llevará adelante en el Servicio de Salud Mental del Hospital de Valcheta, y deberán acreditar el cumplimiento de la medida.