Marta Barrio fue la primera vecina en exponer en la audiencia pública de este lunes en el Centro Cultural. Se presentó como contadora y comparó a la SCPL con AYSA y EDESUR. “Hace 25 años trabajo con estructura de costos, la única manera por la cual se puede trasladar en precio es porque es un mercado monopólico, no tenemos otra opción. Estamos presos pagando tarifas ya confiscatorias de nuestros ingresos”, señaló.
Acotó que “estamos todos bajo la línea de pobreza; entonces me gustaría recordar los principios del cooperativismo: busca el bien común, basado en los principios de igualdad y solidaridad, en forma conjunta y democrática. Eso es lo que no se está logrando en base a un discurso monopólico en la que no se permite opinar. Es un monólogo”.
Añadió la mujer que “están sumiendo a los comodorenses a ser ciudadanos de primera y de segunda categoría. Lo que pido es un poquito de empatía. Hay comentarios a nivel social de que se gana muy bien si se entra en la SCPL: que hay premios, como que entras y te paras. Sería interesante que se avance con esto de Macharashvili de la auditoría y conocer los números”.
Añadió que “está bien, nos reventó el mayorista de energía, pero no le trasladen todo al usuario que ya está bajo la línea de pobreza. Fíjense que tiene la SCPL para ayudar a afrontar eso. También me gustaría que sean más públicas las estructuras de costos, en especial las laborales”.
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Zulma Usqueda le preguntó a Suazo si presentó algún cuestionamiento a Camessa y mencionó que en una entrevista en Radio Visión, Suazo dijo que empresarios israelíes vinieron a la ciudad a realizar estudios respecto del agua. “Quiero preguntar qué trabajos realizaron”, acotó.
Guillermo Tapia informó que “soy jubilado, quisiera preguntarle a Suazo cuál es el ingreso mensual de la SCPL y cuánto tiene en gastos de personal y gastos generales”.
Como Lucía Haag le dijo que no era la instancia para evacuar su consulta, el vecino preguntó: “¿para qué hacen esto entonces que es una falta de respeto al vecino? ¿Para qué nos hacen venir”, encontrando eco entre el resto de los presentes.
Francisco Ripoll fue con sus últimas facturas. “Tengo un recibo de sueldo de 630.000 pesos como chofer; trabaje 17 años en el petróleo como chofer, no como petrolero. ¿Cómo hago para pagar una boleta de 40.176 que pagaba a 421.000 que tengo ahora? Explíquenmelo. ¿Qué robo es este? Ustedes nos están robando. No voy a pagar, me niego. Auménteme el 29% de la boleta anterior y se lo pago; no me vengan con el cuento del subsidio porque me están robando. No se puede. Pónganse las pilas porque le están robando a la gente. En Comipa vinieron boletas de hasta 1.200.0000. ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Quieren un estallido social?”.
LA HUELLA DE VIVIANA NAVARRO
Liliana Romero resaltó las ausencias de los delegados de su distrito. “No vienen porque no les da la cara. Es la prueba más fáctica de que la transparencia de la cooperativa es una mentira”, dijo para luego mencionar a la exconcejal Viviana Navarro, impulsora de la Ordenanza 6050 que posibilitó que los concejales ya no tuvieran poder de decisión para avalar o rechazar aumentos de esta índole.
“Viviana Navarro me llamó por teléfono para que no la nombrara solo a ella y que me iba a hacer un juicio y no sé qué más, diciendo que no fue ella solamente la que aprobó esto y que nombrara al resto de los concejales. Es verdad que ella cambió la ordenanza 6050 y ahora ustedes pagan el costo y ella trabaja en la cooperativa. No le importa. Cada concejal jura por la Carta Orgánica y por la ética. Toman nota y no le hacen caso a ningún vecino. Cuando no paga un vecino, aplican intereses por mora que son usureros. Espero que ustedes tres, los del ente de control que se dicen técnicos, van a seguir aprobando. Para eso están, así justifican el sueldo. La gente se va a violentar y la culpa es del poder político”.
Karina Alfonso se mostró esperanzada con un proyecto que la concejal Maite Luque se comprometió a enviarle al gobernador Ignacio Torres para que “influya en esto”, ya que “continúan los tarifazos en una realidad socioeconómica de mucha pobreza, con gente con necesidades básicas insatisfechas”.
Raúl Ledesma dijo que “acá yo ya no canto el himno porque es una falta de dignidad. Ellos no entienden. Esto es una coreografía en la que ya sabemos el resultado. El RIGI no es una palabrita casual. El gobernador ya ha hecho arreglos con Mekorot por los medidores del agua. Los judíos vienen por la Patagonia. Este hombre ya hizo convenios con provincias argentinas. Esto no es un monopolio. Somos todos dueños de la cooperativa”.
Juan Carlos Negrete contó que “hoy cobré 320 mil pesos y el otro día pagué la factura de luz: 120 mil pesos. Fui comerciante toda la vida. Pensé que al jubilarme podría agarrar la camioneta e irme a pasear. Ahora compro comida de segunda categoría y restringida. ¿Dónde están los empleados municipales? No hablo de los de la cooperativa, a los que hasta la torta les compran. Se han vuelto mercenarios. Quieren vaciar a la cooperativa. La Patagonia está entregada. Acá se opera para el régimen judío, que son los dueños de los medios. Me cansé de decirlo y por eso en internet no puedo discutir porque me bloquean. Hay que reaccionar. Quiero ver a los concejales. Se autosepararon de la sociedad. Ustedes sí pueden pagar la luz, el gas, viajar, ir al supermercado y comprar lo que se les antoje, pero el resto no. Necesito que se pongan las pilas y luchen”.
Eduardo Altuna agregó que “soy ingeniero jubilado y conozco algo del manejo de fluidos en acueducto, oleoducto. La Patagonia esta entregada a los judíos hace muchos años”.