El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha insistido este jueves en que los análisis del agua de Sierra Boyera, de donde se abastecen casi todos los municipios del Norte, están dando buenos resultados, aunque sin precisar los valores exactos.
«Las cosas van bien», ha dicho Molina, en referencia a las analíticas, abundando así en la misma idea que ya han trasladado con anterioridad el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este último avanzó el miércoles que se espera que en un plazo de 15 a 20 días pueda circular el agua potable de nuevo por los grifos del Guadiato y los Pedroches.
Más análisis y pruebas
Se necesita ese tiempo para comprobar que todo está bien incluso si los primeros análisis en el agua del pantano han sido positivos. Además de estas tomas, hay que analizar el líquido que sale de la potabilizadora una vez realizados los tratamientos, y sobre todo hay que esperar al resultado del tercer análisis: el que se realiza en el agua que sale de los grifos.
Es necesario hacerlo así porque las conducciones hasta los depósitos municipales, y desde allí en la circulación en baja hasta los domicilios, pueden estar contaminadas después de un año transportando agua de muy baja calidad. Es decir, aunque el agua de lluvia recogida por Sierra Boyera sea buena, puede que no lo sea la que termina saliendo en las casas. En cualquier caso, el delegado del Gobierno ha asegurado que el agua contaminada de La Colada no se va a mezclar con la limpia que ya está en Sierra Boyera.
En este proceso intervienen varias administraciones. Aunque es la Diputación a través de Emproacsa (titular de la potabilizadora) quien realiza las tomas y envía las muestras al laboratorio, la Consejería de Salud es la responsable de validar los resultados y comprobar que todo está bien.
Por otro lado, Molina ha apuntado que la Junta espera adjudicar las obras definitivas de conexión de La Colada con Sierra Boyera para el próximo verano. El proceso de licitación comenzó a finales del año pasado pero se está alargando debido a la gran cantidad de oferta que se han presentado (una treintena), lo que obliga a los técnicos a repasarlas una a una para evitar impugnaciones posteriores que puedan dilatar aún más un procedimiento que ya lleva cuatro años en marcha.