Una violenta maniobra extorsiva sacudió a los trabajadores de una obra en Centenario, donde cinco integrantes de la UOCRA habrían exigido dinero para permitir la continuidad de los trabajos. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, tres de ellos ya fueron imputados por tentativa de extorsión y se les impusieron severas restricciones para evitar represalias contra las víctimas, quienes se desempeñaban como monotributistas y no pertenecen al gremio.
El fiscal Juan Narvaez calificó a los acusados como “matones” y “patoteros” durante la audiencia desarrollada este jueves en la Ciudad Judicial. Francisco Víctor Ojeda, Alfredo Jesús Álvarez y Enzo Francisco Cares fueron señalados como los principales agresores, mientras que otros dos implicados todavía no fueron citados. La extorsión se habría originado días antes del ataque, cuando uno de los acusados exigió telefónicamente 4 millones de pesos para “dejar trabajar” a los obreros.
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La secuencia violenta ocurrió el miércoles 23 de abril al mediodía. De acuerdo con la acusación fiscal, uno de los gremialistas se presentó en la obra e insistió con el cobro extorsivo. Al no obtener respuesta favorable, regresó acompañado de otros cuatro hombres en dos vehículos, uno de ellos con distintivos del gremio. Al llegar, irrumpieron en la construcción, rompieron el cerco de seguridad e intimidaron a los trabajadores.
“Ojeda, quien vestía una remera de la UOCRA, dirigía el grupo y exigió a los obreros que ‘arreglaran’ con ellos si querían seguir trabajando”, detalló Narvaez. Uno de los acusados incluso ordenó “bajar todo de la camioneta” y dijo que “en la mochila está todo”, lo que generó temor fundado en las víctimas por la posible presencia de armas. Rápidamente llamaron a la Policía, que logró demorar a tres de los implicados en el lugar.
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El fiscal subrayó que las víctimas sienten miedo y quieren terminar su trabajo sin más amenazas. Por eso, solicitó a la jueza Carina Álvarez que imponga medidas de protección. La magistrada accedió, fijó una restricción de contacto y acercamiento por seis meses y otorgó dos meses para la investigación, que podría ampliarse si se confirman las responsabilidades de los otros dos gremialistas involucrados.