A lo largo de toda la jornada del viernes se concretó una nueva jornada de debate, finalizando la segunda semana de juicio en la causa conocida como “Emergencia Climática I”, por presuntos carros de corrupción durante el temporal de lluvia registrado en Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y comienzos de abril de 2017. Entre los testimonios de la fecha estuvo el de un camionero por videoconferencia desde Santiago del Estero y el de un subcontratista que al momento de lo investigado trabajaba para “Patagonia Expeditions”.
El primer testigo, de oficio camionero, recordó que en abril de 2017 trabajaba para una empresa y ante la emergencia fue desesperado tratando de ayudar y trabajar sacando barro con dos camiones propios, un Ford cargo y un Volvo. Mencionó: “los chicos Pérez organizaban las cosas, y de esa base (Brothers Truck) se salía”. También manifestó que trabajaba de 8 o 9 de la noche hasta las 6 o 7 de la mañana y que “nunca le pagaron, una sola vez los chicos Pérez”.
Seguidamente se escuchó la palabra de otro testigo, un subcontratista de obras de construcción, que trabajó para las empresas de los imputados Monasterolo y Morales. En la época de la emergencia lo contacta para trabajar Morales ya que tenía dos minipalas y un camión Scania. Expresó: “no le podía facturar más de 12 horas, de las 16 horas que trabajaba, por un problema administrativo con la Municipalidad y la empresa”.
Indicó que la coordinación del trabajo de remover barro la hacía el municipio por medio de los supervisores. Veinte días después de empezar a trabajar les pidieron que se formalizara, entonces, firma un contrato por cada equipo. Los trabajos “se los pagaron un año después con fierros”, es decir con “una camioneta RAM y un automóvil BMW”, aclaró el testigo.
EL CASO
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó esta ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produjo la precipitación de casi 400 mm. de agua, lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas.
El 5 de abril de 2017 el Concejo Deliberante declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contrataron desde el municipio a 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Según la acusación de la fiscalía, se confeccionaron partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Abel Boyero y Rubén Palomeque.
Además de ambos exfuncionarios, entre los imputados también se encuentran Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
El tribunal de debate está presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal está representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Azul Romero, abogada contratada de fiscalía. La defensa de Boyero es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerce María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz es ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.