En el marco de la 70ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, presentó el nuevo esquema del Gobierno en materia de infraestructura. Allí informó que, tras una revisión administrativa, se resolvió mantener apenas 183 obras públicas bajo ejecución directa del Estado nacional sobre un total inicial de 2.337.
Giovine fue el único funcionario del Poder Ejecutivo que participó del encuentro, donde detalló que el primer objetivo fue “ordenar el desorden administrativo y de deudas” encontrado en los proyectos heredados. Según explicó, a partir de ese análisis se determinó que muchas de las obras, en su mayoría de carácter municipal —como cordones, vestuarios o plazas—, no eran prioritarias.
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A partir de esa evaluación, se resolvió dar de baja a 1.668 obras, mientras que otras 500 fueron transferidas a administraciones provinciales. Las 183 restantes seguirán bajo responsabilidad del Estado nacional, aunque en muchos casos con readecuaciones contractuales y nuevos convenios.
Giovine detalló que 21 provincias firmaron acuerdos de transferencia y que 122 de esas 183 obras están en proceso de reinicio. “Son el 70% del total que se mantendrán con financiamiento nacional”, precisó.
Vialidad Nacional
En paralelo, se renegociaron 42 contratos y en nueve casos fue necesario volver a negociar completamente las condiciones. El objetivo, según el funcionario, es evitar los sobrecostos derivados de adelantos financieros y rediscusión de precios que suelen afectar la viabilidad de los proyectos.
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En cuanto a los proyectos de continuidad confirmada, Giovine mencionó cuatro obras emblemáticas que seguirán su curso: el Acueducto Vipo en Tucumán, con una inversión prevista de 127.000 millones de pesos; el Acueducto Albigasta, en Catamarca, con 102.000 millones; el Acueducto Chaco, por 71.000 millones; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Pinamar, donde se presentaron ocho empresas en la licitación por 23.000 millones.
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El secretario también explicó que la reestructuración alcanzó a los programas habitacionales como Procrear y Casa Propia. Ambos planes fueron rediseñados para que la financiación ya no dependa del Estado nacional. Ahora serán las provincias las encargadas de gestionar la construcción de viviendas, con recursos propios y en función de sus capacidades locales.
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“Este cambio permite avanzar en cerca de 10.000 viviendas en ejecución sin adelantos financieros ni rediscusión de contratos. Así se evita encarecer las obras y se mejora su viabilidad”, remarcó Giovine.
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El planteo oficial busca reducir la presencia directa del Estado nacional en obras de pequeña escala, priorizar aquellas de infraestructura estratégica y descentralizar la responsabilidad financiera. En el nuevo esquema, las provincias tendrán un rol central tanto en la ejecución como en la definición de prioridades, con criterios más ajustados a sus realidades económicas y territoriales.