Carolina Pardo Said, exjefa de Compras del Ministerio de Seguridad, enfrentará un juicio oral y público debido a la contratación directa de su pareja, Vicente García, en ocho ocasiones para realizar trabajos en dicha cartera provincial.
La situación ha generado un intenso debate sobre la ética en la administración pública y el uso de recursos estatales. Las autoridades investigan si estas contrataciones violaron normativas de transparencia y conflicto de interés. El caso se convierte en un nuevo foco de atención en el ámbito político y judicial del país.
Cabe recordar que, en septiembre de 2024, la exfuncionaria había admitido una condena a dos años de prisión en suspenso y realizar trabajos comunitarios dos semanas, además de una inhabilitación por dos años para ser funcionaria pública.
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Según informó Diario Jornada, era un acuerdo del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, con el defensor Diego Cruceño y la aceptación del abogado de Fiscalía de Estado, Martín Castro.
Sin embargo, la jueza Karina Breckle rechazó esa propuesta de juicio abreviado, bajo el argumento de que los funcionarios públicos acusados por delitos de corrupción “no pueden tener ese beneficio”.
Diario Jornada
De esa manera, las partes apelaron a la Cámara Penal de Trelew, que esta semana por unanimidad ratificó la decisión de Breckle. Según la sentencia de los camaristas Adrián Barrios, César Zaratiegui y Alejandro Defranco, los delitos dolosos cometido por un funcionario en perjuicio de la Administración Pública Provincial no pueden resolverse con un abreviado ni una probation.
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El fallo recuerda que Argentina firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que la obliga a perseguir y enjuiciar a las personas sospechadas de estos delitos.
En ese sentido, evaluaron que un juicio oral y público es el método ideal para que estos episodios tengan “publicidad” y los vecinos puedan conocer las maniobras ilícitas, el destino de los fondos públicos y los posibles culpables y cómplices. “Esto permite a la sociedad ejercer democracia participando y controlando tales procesos”, destacaron.
Los acusadores habían argumentado que un juicio tradicional para llegar a la misma condena era un gasto innecesario. Pero para la Cámara, “el alto costo económico que se generaría para llegar al mismo resultado no pueden ser argumentos válidos para evitar la efectiva participación ciudadana”.
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“La confianza y transparencia al Poder Judicial en su conjunto, del Estado Provincial y sus funcionarios, y sobre todo bregar por la educación democrática y ética de sus ciudadanos, son valores deseables que no tienen precio ni son mensurables bajo una lógica meramente económica”.
“Es la propia Constitución Nacional la que coloca a estos hechos penales – por su gravedad- en un lugar de especial atención”, advirtieron.
LA CARRERA DE PARDO
Desde enero de 2020, Pardo fue responsable del Departamento de Compras de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Seguridad. En ese carácter contrató a García para labores de albañilería, pintura, electricidad, herrería, refacciones en general y hasta reparación de vehículos oficiales.
En su acusación original, el fiscal Rodríguez consideró que Pardo aprovechó su cargo como responsable del manejo de fondos del Estado con la “clara intención de beneficiar económicamente a su pareja”.
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Desde fines de 2022, la entonces jefa de Compras direccionó las contrataciones directas “insertando un interés particular, por encima del interés público, al cual la funcionaria debió dar preeminencia”.
El presunto fraude se estima en $ 1.092.700. “De haber respetado el cumplimiento de la ley en cuanto al procedimiento de contratación, hubiese redundado en un beneficio para el Estado Provincial”, dijo el fiscal.
El cargo es defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatible e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Por su parte, García fue sobreseído.
Editado y redactado por un periodista de ADNSUR