El Gobierno del Neuquén dio un paso clave en la descentralización de las políticas de seguridad, al avanzar con la implementación de la flamante Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada recientemente por la Legislatura. La norma prevé la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (CPSC) y siete Consejos Regionales (CRSC), uno por cada región definida por la Ley 3480.
Estos consejos tendrán la misión de elaborar diagnósticos sobre el delito, proponer estrategias de prevención y actuar como órganos de planificación y asesoramiento, integrando a múltiples actores institucionales y sociales.
Participación multiactoral y planificación territorial
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que se trata de “un cambio profundo en la manera en que concebimos la seguridad”, ya que “apunta a la prevención, la planificación con base territorial y al trabajo en red entre municipios, fuerzas de seguridad, justicia y ciudadanía”.
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Si bien la ley ya fue promulgada, aún está pendiente su reglamentación, que deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días, según establece el artículo 17. Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en la articulación con los gobiernos locales y otros actores institucionales, para garantizar una implementación efectiva.
Cómo funcionarán los consejos regionales
Los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana estarán compuestos por intendentes, representantes del Ministerio de Seguridad, de la Policía del Neuquén, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de los concejos deliberantes. Además, se podrán sumar representantes de universidades, ONG, cámaras empresariales y juntas vecinales, promoviendo una visión integral e interdisciplinaria de la seguridad.
“La seguridad no puede pensarse solo desde lo policial. Necesitamos sumar otras miradas y saberes”, expresó Nicolini. Los consejos podrán también proponer reformas legislativas, coordinar acciones interinstitucionales y generar espacios de diálogo con la comunidad.
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En línea con la austeridad fiscal, la norma establece que los Consejos funcionarán en edificios públicos ya existentes –como escuelas o centros comunitarios– y sus miembros trabajarán ad honorem, sin cobrar remuneración alguna. Esta disposición busca garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos sin afectar la operatividad del nuevo sistema.