El pasado martes, alrededor de las 12.45, Martín Antúnez y el menor A.F.O. ingresaron a la panadería San Carlos, ubicada en Héctor Cámpora y Polonia, barrio San Cayetano. Le solicitaron pan a la empleada y cuando esta giró, el menor –según las representantes fiscales Aylén Picollo y Diana Guzmán- le colocó un arma en su cintura, al momento que le manifestaba: “¿dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la dueña del lugar?”.
Mientras tanto, Antúnez sustrajo de la caja una determinada suma de efectivo y un teléfono celular de la empleada.
Posteriormente, personal policial de la Seccional Sexta encontró el celular de la damnificada y el jueves integrantes de la Brigada de Investigaciones –con orden de allanamiento del juez Carlos Tedesco- ingresaron a los domicilios de ambos imputados. Secuestraron entonces la ropa que utilizó Antúnez en el ilícito y detuvieron a ambos. El hecho fue calificado provisoriamente como “robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, en calidad de coautores para Antúnez y el menor.
Lass representantes de fiscalía solicitaron en base a toda la evidencia existente hasta el momento la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre los mismos, así como la prisión preventiva de Antúnez y del menor por igual plazo que el de investigación: tres meses.
Existen como agravantes las características del hecho investigado, la pena que se espera como resultado del proceso, procesos pendientes y existencia de una suspensión de juicio a prueba de Antúnez; y la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.
“EL ESTADO FALLO”
La abogada defensora, Vanesa Vera, no objetó ni el hecho, ni la calificación jurídica ya que la misma es provisoria. Sin embargo, pidió que “las dificultades de la fiscalía sean tenidas en cuenta a los fines de evaluar la gravedad del hecho. La víctima no vio un arma; sintió un arma y no sabemos si realmente era un arma, o un caño”.
A su criterio, tampoco surge del relato del hecho una violencia inusitada, resaltando que el menor “tiene más protección”. Solicitó entonces la libertad de ambos asistidos y subsidiariamente presentaciones semanales ante la autoridad Judicial y la prohibición de acercamiento al lugar del hecho.
La asesora de Menores, Verónica Roldán, refirió que el adolescente fue acompañado antes de que cumpliera 16 años con el programa Haciendo Futuro. Presentaba problemas de consumo y había problemas estructurales en su familia. Hasta hoy continúa en el programa y por eso pidió que en caso de su traslado al COSE, antes se lo internara en Salud Mental.
Finalmente, el juez Miguel Caviglia resolvió formalizar la apertura de la investigación preparatoria y le concedió un plazo de tres meses a la Fiscalía, declarando legal la detención de ambos hombres ya que la misma fue por orden judicial.
Además, dictó la prisión preventiva de Antúnez por 45 días, por la existencia del peligro de fuga y no de entorpecimiento, y por la gravedad del hecho. En cuanto al menor A.F.O. señaló que “no es la primera vez que está en estas circunstancias y evidentemente no se le está dando respuesta del Estado”. No hizo lugar al pedido de internación en el COSE y sí a su traslado a Salud Mental del Hospital Regional.