El fiscal Cristian Olazabal consideró acreditado en el debate tanto la materialidad, como la autoría de los hechos, por parte de los imputados, por lo que solicitó al tribunal los declare penalmente responsables de “fraude a la Administración Pública”.
Se trata de los hermanos Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas, quienes “para poder cometer esta conducta fraudulenta en perjuicio del municipio local contaron con la participación necesaria; con el aporte esencial e indispensables de quienes cumplieron la tarea de supervisores en el marco de la Emergencia Climática, ya que certificaron trabajos que no se realizaron, horas de más, maquinarias que nunca existieron”.
Según la acusación oficial, “al certificar esto permitieron que los empresarios obtengan la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal, el cual no era ajeno a estas conductas”.
Como conclusión del juicio oral y público, dijo que “faltan personas sentadas en calidad de acusados porque este fraude a la administración municipal no solo lo cometieron ellos. Faltan personas de las más altas esferas que estén sentadas en esta audiencia”.
Luego de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza de emergencia climática, tras el temporal de marzo-abril de 2017, “el Ejecutivo Municipal delega en sus secretarios de entonces, (Abel) Boyero y (Rubén) Palomeque. A los 10 días comienzan los trabajos y se dicta un memorándum para controlar los trabajos. El 5 de octubre el Concejo por ordenanza incorpora los requisitos del memorándum para facturar trabajos. Llamativamente el Ejecutivo de entonces la vetó. Los trabajos en un principio eran solidarios y posteriormente surgió que se iban a abonar”.
Olazabal concluyó que “había un fin colectivo con beneficio propio. El Estado Nacional, que había realizado adelantos del Tesoro por 62 millones, advirtió inconsistencias. (Fernando) Álvarez de Celis, en ese momento funcionario nacional, advierte que no adelanten más fondos para Comodoro porque los números no cerraban. A su vez el Tribunal de Cuentas Municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes. Había personas que certificaban trabajos por 24 horas y eso es imposible. Alguien falsificó las firmas de los trabajadores en los partes diarios; por ejemplo una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck” (empresa de los hermanos Pérez).
LA DEFENSA DE ASTIZ Y MONASTEROLO
En tanto el abogado particular Guillermo Iglesias, defensor de Julián Astiz y Roberto Monasterolo, sostuvo en su alegato que la fiscalía no pudo probar la responsabilidad penal de sus asistidos. “Astiz no tuvo ninguna vinculación con el hecho respaldado en sólida prueba, ya que no es el socio gerente de Astoil”, dijo.
Agregó el abogado que era necesaria una pericia caligráfica y otra contable. Igual para Golfo San Jorge, empresa de Monasterolo, por lo que concluyó que “hubo irregularidades, sí, pero no se traducen en delito por carencia de medios probatorios idóneos”. Por ello, solicitó la absolución de sus dos defendidos.