Una mujer que durante 18 años de matrimonio no pudo estudiar ni trabajar recibirá una compensación económica tras su divorcio. Así lo determinó un fallo del fuero de Familia de General Roca, luego de evaluar el claro desequilibrio entre la vida profesional de su exmarido, quien ascendió varias veces en la Policía, y su situación personal, dedicada al cuidado del hogar y de la hija que tienen en común. Durante los próximos dos años, el hombre deberá aportar un porcentaje de sus ingresos para que su exesposa pueda capacitarse e intentar insertarse en el mercado laboral.
El dictamen reconoció que el trabajo del hombre, que implicaba frecuentes traslados por su carrera policial, fue un factor clave para que la mujer no pudiera arraigarse en ninguna ciudad ni tener la oportunidad de estudiar o trabajar. Tras la separación, quedó evidenciada la disparidad entre ambos, lo que justificó la compensación que la Justicia determinó en su favor.
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La jueza encargada del caso explicó que la compensación económica está reconocida por el Código Civil y Comercial de la Nación cuando el divorcio provoca “un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges”. En este caso, la mujer quedó sin empleo, sin estudios, sin aportes jubilatorios y con escasas oportunidades de reinserción laboral, mientras su exesposo continuaba con su carrera policial, habiendo recibido múltiples ascensos.
“El desequilibrio entre ambos es evidente, con ella sin la posibilidad de generar ingresos y con una hija adolescente a cargo, mientras el demandado progresó en su carrera profesional”, señaló la jueza, quien determinó que la compensación sería por un período de dos años, tiempo durante el cual la mujer podrá capacitarse y fortalecer sus posibilidades en el mundo laboral.
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Durante el juicio, se reveló que el hombre nunca le permitió trabajar ni estudiar con libertad. Un testimonio clave fue el relato de la propia mujer, quien afirmó que cuando quiso retomar sus estudios secundarios en una escuela nocturna, su marido le dijo que debía asegurarse de que la comida estuviera servida cuando él volviera del trabajo. El hombre, por su parte, negó estas acusaciones y sostuvo que siempre la alentó a trabajar.
Pese a la contradicción, la jueza señaló que, aunque no hubiera una prohibición explícita, la dinámica de roles en la pareja hacía muy difícil que ella lograra independencia económica.
Hoy, la mujer ronda los 45 años y, tras el fallo, se inscribió en varios cursos de capacitación para adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Inicialmente, ella había solicitado una compensación por el mismo tiempo que duró su matrimonio, pero la jueza optó por fijar un plazo de dos años, suficiente para equilibrar la falta de formación. Además, se consideró que el hombre cumple con la cuota alimentaria para su hija y que la vivienda familiar sigue garantizada.
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Con información de LMC, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.