La novela de la deuda por subsidios que tiene el Estado nacional con las generadoras de energía eléctrica y petroleras se extiende y, mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, va cosechando de a poco más adhesiones de las empresas privadas a su propuesta de pagar unos $ 600.000 millones con el bono AE38D -en dólares-, que tiene una quita efectiva del 50% y un vencimiento en 2038.
A pesar de la resistencia pública de la mayoría de las compañías y su reclamo por la presunta ruptura contractual, en las últimas dos semanas cada vez más firmas declararon su acuerdo ante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para que les paguen las operaciones de diciembre 2023 y enero 2024 con un título de la deuda pública, y les liberen el dinero retenido por febrero.
En estos días se sumaron las multinacionales AES (Estados Unidos) y Enel (Italia), que este lunes recibieron la extensión de sus concesiones hidroeléctricas en el Comahue -Neuquén y Río Negro-, sobre el río Limay, hasta mediados de agosto.
También mandaron su aprobación la Compañía General de Combustibles (CGC) perteneciente a la Corporación América de Eduardo Eurnekian, el ex empleador del presidente Javier Milei; y Capex S.A.
Previamente habían dado su aval grandes empresas como YPF, YPF Luz, Pan American Energy (PAE), Albanesi, Pluspetrol y otras como Aluar -relativamente pequeña en el sector energético-, Victorio Podestá, Alpes Energy y APR Energy.
Con todo, según los datos que el jefe de Gabinete presentó ante el Congreso, la suma que se cancelará con bonos equivale a por lo menos $ 236.278.405.848,98 ($ 236.278,4 millones), el 40% de lo que está en juego, pudo reconstruir Clarín.
Para asegurarse un éxito pleno de la operación, Economía necesita que los principales jugadores del sector eléctrico, como Central Puerto, Pampa Energía, Genneia y MSU, así como las petroleras multinacionales Total Austral (Francia) y Wintershall Dea (Alemania), junto a Tecpetrol, manden su aval. Juntas, estas empresas suman al menos otros $ 265.457.448.284,24 ($ 265.457,4 millones).
Independientemente de los fríos números, el sector privado había anotado millonarias pérdidas en sus balances al no haber cobrado sus ventas de energía pero estaba más preocupado por los cambios en los contratos y la «seguridad jurídica» justo cuando se negocia un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Congreso.
No obstante, la muñeca de Caputo parece haber pesado más. «Cada uno negocia cosas por afuera: las concesiones hidroeléctricas, los permisos de exportaciones de gas natural y petróleo crudo, los precios de los combustibles y Vaca Muerta», definió una fuente conocedora del sector en estricta reserva.
La deuda total de Cammesa con empresas públicas y privadas por las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024, que se debieron haber pagado a los 42 días de terminados cada mes, asciende a $ 1.041.500 millones ($ 1 billón) o casi US$ 1.200 millones al tipo de cambio oficial.
Además, el Gobierno acumuló una deuda con petroleras por el Plan Gas con distribuidoras, al no asumir la diferencia del precio del gas que se traslada a las tarifas contra su costo real. El pago con un bono solo abarca la deuda de Cammesa con el sector privado.
Si se hubiera cancelado a término esta deuda total por $ 1,9 billón, el superávit fiscal primario del primer cuatrimestre del año ($ 4,1 billones) se hubiera reducido sensiblemente y el resultado positivo financiero ($ 1,4 billón) hubiera sido negativo en aproximadamente $ 500.000 millones.