El Gobierno empezó a apurar un nuevo ajuste sobre el sector público. Se trata de la «segunda fase» de la reforma del Estado que impulsa Javier Milei y que es resistida por los gremios después de la baja de 7.000 contratos en diciembre y la decisión en enero de recortar las horas extra de los empleados públicos de la administración central.
Los funcionarios bajaron la orden el miércoles pasado durante una reunión de secretarios y subsecretarios de coordinación administrativa convocada en el Salón Norte de la Casa Rosada. Les dijeron que debían achicar unas 2.400 direcciones, coordinaciones y unidades, que permitirían reducir los cargos de alta dirección a cerca de la mitad.
«Están trabajando sobre los cargos que hay en ministerios, secretarias y direcciones, todo ese paquete se empezó a estrechar cuando pasamos de 18 a 9 ministerios, se siguió estrechando cuando designamos secretarios y subsecretarios para solo 9 carteras y ahora se vuelve a estrechar aún más para abajo», explicó una fuente al tanto de los planes.
El impulsor es el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, a cargo del área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. El funcionario, uno de los artífices de la reforma del Estado de los años ´90, envió la semana pasada una nota a todos los ministros para que inicien la «segunda etapa» para reestructurar la administración.
«A estos fines cada Jurisdicción deberá presentar hasta el 9 de febrero de 2024 la propuesta de optimización de su estructura organizativa, la que deberá estar orientada por criterios de optimización, reducción y mejora de la eficacia y eficiencia de las organizaciones públicas, conforme a parámetros de diferenciación, integración e interdependencia jerárquica, funcional y presupuestaria, evitando la superposición de tareas y facilitando la coordinación interna y la implementación de los objetivos de gobierno», señala el memo de tres páginas.
La idea, según la nota, es que las estructuras se ajusten a una serie de pautas que contemplan la «supresión y/o fusión» de unidades que «no aporten valor» en la producción de bienes, servicios y regulaciones, la reducción de las áreas de apoyo para que no superen un tope del 30%, y la centralización de tareas administrativas, entre otras premisas.
Los cambios tendrían mayor impacto en el Ministerio de Infraestructura y el de Capital Humano, que en un caso absorbió las carteras de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, y en el otro pasó a controlar Salud, Educación, Cultura y Trabajo. El plan es reducir las áreas administrativas de dichas secretarías a solo una por ministerio.
La nota enviada a todo el gabinete generó revuelo en los gremios estatales en medio de las protestas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para denunciar despidos y la convocatoria de la CGT al paro del miércoles próximo en rechazo al DNU que propicia la mayor reforma laboral en las últimas décadas, ahora en manos de la Corte Suprema.
En un comunicado, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo Trabajo, señaló el miércoles que «el gobierno nacional se propone un brutal desguace del Estado, dentro del cual los despidos 2023 fueron sólo un primer paso» y que el achique «supone de hecho la eliminación de numerosas políticas públicas y de puestos de trabajo indispensables para su impulso».
La fase más dura vendría por los cambios dispuestos a fines de diciembre con el decreto 84, que dio de baja 7.000 contratos de personal temporario incorporados en 2023 que vencían a fines del año pasado. La norma también estableció que las contrataciones previas al 1 de enero de 2023 no podrán ser renovadas por más de 90 días corridos, por lo que en marzo podría empezar una nueva tanda de cesantías.
La reducción del gasto de funcionamiento (salarios y equipamiento) es una de las partidas que el Gobierno busca reducir para alcanzar un superávit primario del 2% del PBI en 2024. Las otras son los subsidios al transporte y la energía, planes sociales, transferencias a provincias y jubilaciones, junto con una suba de impuestos.
Todas estas medidas, así como la privatización de 41 empresas y la creación de un fondo para indemnizar a los empleados públicos que serán despedidos, forman parte del proyecto de ley ómnibus que es rechazado por la oposición en el Congreso y son los cambios que más expectativa generan en el Fondo Monetario Internacional.