“Si se va a liquidar el FGS (Fondo de Garantía y Sustentilidad), antes la ANSES debería pagar las más de 80.000 sentencias firmes favorables a los jubilados y las deudas con las Cajas provinciales no transferidas. Y permitir que el Congreso Nacional discuta y apruebe una fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones superadora de la actual, en lugar de la discrecionalidad que el Ejecutivo otorgue aumentos por decreto, como figura en el megaproyecto oficial”.
Así le dijo a Clarín, la diputada Alejandra Torres, integrante de Coalición Federal, que preside Miguel Angel Pichetto, y cofundadora de la consultora IDESA, junto a Osvaldo Giordano, su pareja y actual titular de la ANSeS.
“Nuestra vocación es apoyar la gobernabilidad del presidente Milei. Pero en muchos puntos del megaproyecto hay alternativas superadoras que habrá que consensuar con los distintos sectores”, dijo Torres.
¿Coincide con el megaproyecto que plantea suspender la fórmula de movilidad actual, delegar en el Ejecutivo la elaboración de una fórmula nueva, mientras se aplican aumentos por decreto sin fijar ni la periodicidad ni el alcance?, preguntó Clarín a Torres.
-No. Necesitamos subsanar urgentemente la innecesaria doble delegación de poderes en materia previsional. Más allá de consideraciones sociales y éticas, no contribuye a la solvencia fiscal. Como lo demuestran experiencias pasadas es un factor de desestabilización porque aumentará la litigiosidad. El Congreso debería elaborar una nueva fórmula de movilidad que, a mi criterio, debería fijar la actualización mensual de los haberes por la inflación.
¿Pero con la indexación mensual las jubilaciones mantendrían el nivel actual, perpetuando la enorme caída de hasta el 50% de los últimos años y contradice lo que quiere el Ministro Caputo de que se reduzca el gasto previsional, como parte del ajuste comprometido con el FMI?
–Peor es que se mantengan la fórmula actual o los aumentos discrecionales del Poder Ejecutivo. La solución no es la delegación de poderes que es claramente inconstitucional. Ahora lo prioritario es el ajuste mensual de los haberes según la inflación, después veremos cómo se podrá ir recuperando lo perdido en estos años Y habrá que analizar cómo reducir el déficit previsional sin afectar la movilidad. No hay margen –ni político, ni social, ni ético-, para seguir bajando más el poder de compra de las jubilaciones.
¿Si se desacelera la suba de los precios, al tomar en cuenta variables anteriores, la actual fórmula otorgaría aumentos superiores a la inflación?
–Por ahora la inflación se proyecta alta y no se puede esperar a marzo para dar el aumento que surgiría de la actual fórmula de movilidad. Hay que aplicar un ajuste de haberes mensual.
Con relación al FGS, Torres dice que “si se va a liquidar el FGS es imprescindible tomar como prioridad el uso de esos activos para cancelar las deudas que tiene la ANSeS con los jubilados y la Provincias”.
El último Informe de la ANSeS señalaba que tenía más de 250.000 juicios en trámite, de los cuales 83.000 tenían sentencias firmes que estaban pendientes de pago. Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.
Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional, que alcanza a unas 35.000/40.000 sentencias. Y el stock no se reduce porque los abogados de esos jubilados consideran que en muchos casos el pago de la sentencia está mal liquidado, vuelven a litigar, e ingresan nuevos juicios. Además, el Gobierno prorrogó sin ajuste la partida presupuestaria de 2023 para el pago de sentencias firmes con lo que este año se pagarían menos sentencias.
¿Pero Caputo quiere usar el FGS como garantía para contraer deuda nueva o para pagar vencimientos de deuda con acreedores privados, no con los jubilados?, insistió Clarín.
–El megaproyecto pasa por alto que, en las quiebras, con lo que se consigue de la venta de activos, lo primero que se hace es tratar de cancelar los pasivos. Esto implica arrancar compensando el activo con el pasivo. Es decir que el primer eslabón en el proceso sería usar los recursos del Fondo de Sustentabilidad para pagar juicios y deudas de la ANSeS con los jubilados y las provincias”, insistió Torres.
SN