En las últimas horas distintos medios periodísticos de alcance nacional consignaban, lo que a todas luces constituye una operación escandalosa, que afiliados que son beneficiarios de la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral habían sido notificados mediante telegramas de que deberían acreditar su condición de persona con discapacidad mediante un certificado.
Este documento es exigido por las Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el mismo es emitido por el poli consultorio Los Lapachos, de Alto Comedero, dependencias del sanatorio del cual es propietario el legislador que responde al presidente Milei, Manuel Quintar.
Recordemos que el ahora libertario diputado designó al frente de la Unión de Gestión Local de Jujuy del Pami al CPN Evaristo Bautisto, profesional que tiempo antes venía desempeñándose como administrador del Sanatorio Los Lapachos.
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En la provincia los negocios relacionados con la salud tienen una triste historia que muestra la connivencia de sectores del poder de turno. La UCR tiene al propio ministro de Salud, Gustavo Bohuid como empresario del sector. El PJ a su ex presidente, Rubén Rivarola, dueño de clínicas. Y LLA con el diputado Quintar también empresario de la salud. Ninguno de ellos pierde oportunidad para lubricar sus negocios aprovechando la necesidad de la población. Y ejemplos abundan a lo largo del tiempo. Uno más escandaloso que otro, por citar uno que brilló por lo detestable, la utilización del drama de la pandemia del Covid para la compra de test PCR.
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Otro ejemplo que cosechó un profundo rechazo por parte de la población, incluso suscitó el veto del gobernador Sadir a la ley aprobada, fue la norma votada y defendida por la gran mayoría de los bloques de la UCR y el PJ que permitía un cobro generalizado para la atención médica en el sistema público de salud (hospitales, Caps, etc). Un arancelamiento que venía a finalizar un derecho básico y constitucional como lo es el acceso a la salud pública gratuita.
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Una jugada que mínimamente encuadraría como un conflicto de intereses, algo a lo que en este año de gobierno libertario ya nos tienen acostumbrados sus principales figuras. Por citar un claro ejemplo, la utilización de la figura presidencial para poner en marcha una operación de estafa global como resultó ser el Libra gate, donde las denuncias tienen apuntadas a las figuras de Javier y Karina Milei como artífices principales junto a un grupo de operadores financieros del rubro de las criptomonedas. Yendo un poco más allá en el análisis no hace más que confirmar que el discurso libertario sobre combatir los “curros” de la política tradicional no fueron más que un slogan marquetinero de campaña y evidencian que rápidamente se mimetizaron con las mañas de los políticos tradicionales que denunciaban.