Las medidas que tomó este miércoles el Gobierno nacional contra las empresas de medicina prepaga por el aumento desmedido de las cuotas tiene protagonistas de peso, de un lado y del otro, que se acusan de haber roto un acuerdo que estaba casi cerrado.
La administración nacional de Javier Gerardo Milei eligió, una vez más, un enemigo para el debate público. Pero esta vez, no fue un periodista de los más queridos y seguidos del país como es Jorge Lanata, o un dirigente opositor como Larreta o Lousteau: el señalamiento es a Claudio Fernando Belocopitt, el verdadero mandamás de la medicina prepaga argentina, dueño de la poderosa Swiss Medical, socio de Vila y Manzano en el grupo América y cercano a Sergio Massa, el competidor presidencial de Milei en 2023.
Un «enemigo ideal» escogido minuciosamente por la Casa Rosada pero con elementos muy favorables para tener a amplios sectores de su lado; en especial de la clase media, hoy castigada duramente por los aumentos tarifarios, de los colegios y desesperada por el incremento desmedido de las cuotas de las prepagas.
Las principales empresas de medicina prepaga -nucleadas en la UAS, Unión Argentina de la Salud- incrementaron un 174% promedio las cuotas en 2024, frente a una inflación que fue de la mitad. ¿La razón? el atraso que tenían y que, según el Gobierno, habían planchado por un acuerdo que servía de apoyo político al entonces ministro de Economía, a la vez candidato presidencial de Unión por la Patría.
Es por eso que ahora, pretendían recuperar de golpe lo perdido, perjudicando así el bolsillo de la clase media, usuaria de este sistema.
La acción oficial comenzó en un juego de pinzas de la Jefatura de Gabinete con los ministerios de Economía y Salud. Así, el ministro coordinador Nicolás Posse junto a Luis «Toto» Caputo y Mario Russo definieron los pasos a seguir. Con otros nombres claves: el del súper asesor, el omnipresente Santiago Caputo junto a Rodrigo Lugones, asesor a la distancia, quien es además hijo de Mario Lugones, miembro de la Jefatura de Gabinete y a quien algunos consideran el hombre fuerte en Salud del gobierno de Milei.
Este team instruyó a la Secretaría de Comercio y a la Superintendencia de Seguros de la Salud a desnudar el verdadero quid de la cuestión: el «negocio financiero» de Claudio Belocopitt, aupado en el manejo de la UAS, al que llaman «un sello» para manejar todo el negocio de las prepagas.
Ese armado estaría en el cobro de las cuotas a los afiliados (que siempre es por mes anticipado) y el posterior pago a los prestadores de la salud a 90-120 días. Como hoy, serían 6 millones de afiliados los que tendrían las prepagas, el cálculo da un verdadero negocio millonario.
«Vamos a desarmar el rulo de la UAS»; fue una frase escuchada en el equipo que diseñó y llevó a cabo esta jugada que anticipó Clarín esta semana. «Belocopitt tiene Los Arcos Swiss Medical, el Agote, el IADT… maneja las camas a su parecer, es el dueño de la pelota»; se escuchó entre quienes prepararon las dos presentaciones de este miércoles: una denuncia de «cartelización» llevada adelante por la Comisión de Defensa de la Competencia contra las empresas; y un pedido de acción de amparo para que, mediante una medida cautelar, se suspendan los aumentos en las cuotas realizados este año y que, en los próximos vencimientos, los afiliados recuperen lo abonado de más.
Desde fuentes de la medicina prepaga, afirman a este diario que el miércoles pasado, estaban al borde de un acuerdo con el Gobierno. Y que los directivos de la UAS habían conversado el tema con Mario Lugones, un asesor de Jefatura de Gabinete quien habría capitaneado el tema y que tiene terminal política en el propio Javier Milei. Que el entendimiento iba por congelar cuotas en mayo y junio y que la recuperación de lo perdido en los últimos meses, lo obtendrían en un año o 18 meses.
«Mario Lugones pateó el tablero, nos dijo de repente ‘Tengo instrucciones de no hablar más con ustedes’ y nos eligió de enemigos“, afirma un directivo que se sentó en Gabinete y en las oficinas de la SSS, que hoy conducen Claudio Stivelman y Gabriel Oriolo. Los empresarios afirman que los aumentos cobrados en enero ya no los tienen en sus arcas pues «se la dimos al prestador y la gastamos en insumos. Así, vamos a un quiebre del sistema en breve», señalan en tono de alarma.
Según estos, en 2023 las prepagas aumentaron un 134% mientras el IPC fue del 211 % y la «inflación salud» (medida usada en varios países y que siempre da por encima del Índice de Precios al Consumidor») fue del 227%. Desde el Gobierno nacional dicen que con estas acciones de denunciar «cartelización» y de pedirle a la Justicia que retrotraiga los aumentos, frenarán el abuso de los empresarios de las prepagas que «confundieron precio con costo» y que lograrán ser garantes de la libre competencia pero sin que sufra la clase media, principal usuario de este sistema.
Y que así, romperán el «negocio financiero» de Belocopitt y lograrán terminar con «negociados históricos con el Estado». Según los funcionarios que redactaron estas acciones administrativas y ante la Justicia, de ahora en más «deberán actuar como prestadores de salud y no, como entidades financieras con la plata de la gente»:
El punto que muestran como decisorio es que la UAS había acordado con el ministro Sergio Massa un incremento para este mes de enero de 6,56%. Y que, perdida la elección y tras el DNU que liberó a los empresarios para poder definir los incrementos, definieron un 40% de aumento «de un saque». Y que de ese porcentaje, apenas un 205 fue lo que se les aumentó a los médicos, en promedio. Todo ganancia empresarial.
Ahora, la suerte de esta pelea entre pesos pesados juega, fundamentalmente, en la resolución que tome la Justicia Federal, Civil y Comercial donde se instruye el pedido de un amparo para frenar los aumentos de las prepagas de este año 2024.