El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky remitió este martes a su colega de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, la causa en que se investiga al llamado grupo económico Elías de Bahía Blanca, con vínculos con el sindicalista Hugo Moyano, por supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva de más de mil millones de pesos.
Ante una apelación de los imputados de ese grupo, Aguinsky pidió a su colega bahiense que remita la apelación a la Cámara Federal de Bahía Blanca para que decida, mientras que el fiscal porteño Jorge Dahl Rocha fue más allá y reclamó la causa vuelva al juez Da Silva.
Aguinsky reemplaza al juez Rafael Caputo que se encuentra de vacaciones.
Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, de esta forma «se evita un mes de análisis de la causa» y se va directamente a que la Cámara Federal de Bahía Blanca decida a qué fue le corresponde seguir investigando. La premura se debe a que el fiscal de la causa, Gabriel Gonzalez Da Silva, pidió una serie de indagatorias y allanamientos, entre otras medidas de prueba.
Se trata de una causa abierta hace 9 años en base a una denuncia anónima ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc) pero el juez de Bahía Blanca después de seis meses de tener el pedido de indagatorias y allanamientos se declaró incompetente y mandó -un día antes de la feria- la causa al fuero penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero antes de la feria judicial, la causa volvió a la justicia porteña sin que se haya dirimir todavía en que jurisdicción quedará.
El ex juez y abogado de Moyano, Daniel Llermanos, dijo a Clarín que el caso es “insanablemente nulo e ilegal” porque nació de una denuncia anónima y que debe archivarse. El grupo Elías maneja varios negocios del puerto de Bahía Blanca y es dueño del histórico diario de Bahía Blanca La Nueva y de la radio La Brújula.
Llermanos dijo que el Grupo Elías tuvo hace unos meses un revisión integral de la AFIP y “no encontraron nada” y que no cometió ningún delito.
Un vínculo entre Elías y Moyano es la empresa IVETRA que en 2007 estaba constituida como socios por Llermanos, Sergio Fabián Espeleta y Norberto Domingo Torres. Además, Llermanos es abogado del Sindicato de Camioneros. Otro es la hija de Moyano trabajó en otra empresa del Grupo Elías llamada Chenyi, según denunció la diputada Graciela Ocaña.
Dos años después IVETRA quedó a cargo de la emisión de un polémico «certificado de transporte multimodal», que verificaba que cada camión que transita por las terminales portuarias respete ciertas condiciones. Por es trámite, cobraba US$ 14 más IVA. Cuando asumió Mauricio Macri como presidente anuló ese trámite creado por el gobierno de Cristina Kirchner.
En la causa se investiga si Gustavo Fabián Elias, Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico, habrían administrado negocios como “testaferros” de otras personas, particularmente vinculadas al transporte y logística, sector inmobiliario, automotor y agropecuario.