La Cámara Federal porteña revocó esta semana el sobreseimiento del polémico ex titular de la Inspección General de Justicia K Ricardo Nissen y ordenó su citarlo a dar explicaciones en una causa en que investiga un posible abuso de autoridad del organismo contra una empresa privada.
El 21 de abril de 2023 se formuló denuncia contra Nissen y Manuel Cuiñas Rodríguez, por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, en razón de su desempeño como las anteriores autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En concreto fueron denunciados por el dictado de las resoluciones IGJ 393/22 y 112/23, a través de las cuales fundaron tres pedidos de intervención y nulidad de la sociedad Hidden Lake S.A. (propietaria de Lago Escondido) ante la Justicia Comercial, sin pruebas o fundamentos legales, mientras el kirchnerismo realizaba caravanas para ingresar al predio ubicado al sur de Bariloche.
En una intervención anterior, la Sala II de la Cámara Federal había revocado un prematuro sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas y ordenado la producción de distintas medidas de prueba tendientes a corroborar la comisión, o no, de los delitos investigados.
¿Qué había pasado? En el marco de la operación K para armar una denuncia contra funcionarios, empresarios periodísticos y jueces que viajaron en 2023 al Lago Escondido a festejar el cumpleaños del juez Carlos Mahiques, Nissen pidió a la justicia comercial la intervención de la empresa propietaria de Lago Escondido.
La operación incluyó notas de la periodista K Irina Hauser en Página 12 y C5N donde apoyaba la denuncia de Nissen y decía que “el hecho es que la Inspección de Justicia requirió documentación a «Hidden Lake» para que explique si hubo cambio de accionistas y entregue actas asamblearias que den cuenta de su actividad”.
En el marco de esa operación, el celular del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro fue hackeado y su contenido usado para abrir un juicio político a la Corte.
En el fallo de la Cámara Federal porteña se dispuso esta semana anular la resolución que desvinculaba a las anteriores autoridades de la IGJ del proceso seguido en su contra.
Los magistrados afirmaron que “las diversas constancias colectadas apuntan en sentido opuesto al señalado por el juez, pues en ninguno de los otros casos informados hasta el momento la IGJ utilizó argumentos semejantes a los esgrimidos para solicitar la anulación e intervención de la sociedad aquí querellante”.
La “rápida lectura” que el juez Rafecas “reconoce haber realizado respecto de las constancias obtenidas tras la intervención de esta Alzada demuestra que su incorporación resulta meramente formal y, a soslayo del examen de su contenido y sin que a la fecha los propios imputados hubieran siquiera ofrecido sus explicaciones sobre las conductas que se les cuestionan”.
El juez Rafecas “volvió a insistir sobre la atipicidad de las mismas reeditando de esa forma la postura desincriminante que sostuvo tiempo atrás”.
De este modo, la Cámara Federal entendió que las nuevas pruebas incorporadas a la causa acreditan la responsabilidad de Nissen y Cuiñas Rodríguez en los hechos denunciados por su desempeño como Inspector y Subinspector de la Inspección General de Justicia.
Por ello, deberán ser citados al proceso para brindar las explicaciones pertinentes para justificar sus conductas, informaron fuentes judiciales.
No es el primer escándalo de Nissen. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de planteos de Nissen, en el marco de cuatro causas en las que se discuten las facultades de fiscalización de ese organismo. Antes del 2019, Nissen era el apoderado de los Kirchner en la causa Hotesur y apenas asumió en el cargo «blindó» al Instituto Patria para que no se sepa cómo se financia y quiénes lo integran.
En los casos vinculados a las sociedades anónimas Apart Incas y Cedafa, la IGJ inició una investigación de oficio al tomar conocimiento por los medios de comunicación de diversos contagios de Covid-19 en la residencia para adultos mayores de Apart Incas.
Por otra parte, la Justicia le había dado un nuevo revés a Nissen por no acatar un fallo y buscar iniciar un juicio a dos camaristas que anularon una decisión administrativa.
La IGJ, que manejaba Nissen, es el organismo del Gobierno que controla a empresas privadas y fundaciones y depende del Ministerio de Justicia.
Ahora, la Sala IV de la Camara Contencioso Administrativa le rechazó un recurso de apelación que había presentado Nissen y ratificó el fallo de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que dejaba sin efecto la decisión de Nissen que le imponía a las sociedades anónimas la obligación de designar igual cantidad de mujeres que de hombres en sus órganos de administración y fiscalización.
Por otra parte, la abogada Silvina Martínez había presentado una denuncia por abuso de autoridades e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Nissen por haber retirado un recurso ante la Corte para obligar que el Instituto Patria informe sobre sus socios y su financiamiento. Es porque Nissen desistió de un recurso ante la Corte Suprema para que ordenara al Patria, que lidera Cristina Kirchner, que informara sobre la forma en que se financia.
Martínez, asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer, radicó la denuncia que por sorteo quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.
A su vez, con duras críticas a Nissen, la Justicia rechazó el año pasado la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) de la precandidata presidencial Patricia Bullrich pedida por la Inspección General de Justicia (IGJ).
La jueza Nacional en lo Civil N° 28 Alicia Alvarez consideró que Nissen “se excedió” en sus atribuciones y “se apartó de la normativa sin justificación” al pedir la intervención judicial de esa asociación civil.