La Corte de Nueva York desautorizó a la jueza Loretta Preska y, en un fallo a favor de Argentina, dejó en suspenso la entrega de las acciones de YPF que había ordenado la jueza hasta que se resolvieran las apelaciones del litigio con el fondo Burford.
Preska había obligado al Estado a entregar el 51% de la petrolera a manos de los fondos Burford y Eton Park. La defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York accedió al pedido de la defensa argentina y resolvió este viernes que YPF pueda apelar sin entregar los activos.
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Además, la Corte aceptó al gobierno de Donald Trump como “amicus curiae” de Argentina, lo que en el gobierno argentino creen que pueden favorecer a la parte denunciada por Burford.
“Tras la debida consideración, se ordena que se concendan las mociones de suspensión y que se suspendan las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025 en espera de la resolución de estas apelaciones. Además, se ordena que se conceda las mociones de los Estados Unidos para presentar escritos como amicus curiae”, consta en el fallo de la corte neoyorquina.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York accedió al pedido de la defensa argentina y resolvió este viernes que YPF pueda apelar sin entregar los activos.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación expresó que “esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 -tres meses antes del inicio de la actual gestión- que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses”, agregaron los defensores del Estado Nacional. Esa apelación a la sentencia de fondo se resolvería recién a mediados de 2026.