Por primera vez desde 1983, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasará de la órbita del ministerio de Justicia, que dirigirá Mariano Cúneo Libarona, al ministerio de Seguridad que comandará Patricia Bullrich, entre otros cambios de fondo en el área.
De esta forma, Bullrich tendrá bajo su órbita a todos los guardiacárceles federales del país, más los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, La Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Es decir, se concentrará la mayor cantidad de fuerzas policiales federales en un ministerio desde el retorno de la democracia.
Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) revelaron a Clarín, también, que Cúneo «está satisfecho» con la decisión del presidente Javier Milei porque le saca una tarea policial a su cartera para así poder dedicar más esfuerzo a las áreas de Justicia.
El SPF con unos 15 mil efectivos está en crisis por el aumento de la población de las cárceles federales y sobre todo desde hace casi dos años cuando el presidente saliente Alberto Fernández lo intervino a través de la ex jueza y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós.
En el 2020, una de las primeras medidas de Garrrigós fue disolver la dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con la excusa del “espionaje ilegal” y las «escuchas ilegales» a los “presos políticos K” que participaron del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. En paralelo, se abrió una causa penal contra las ex autoridades del SPF del gobierno de Mauricio Macri.
Así dejó a ciegas a las autoridades del organismo para el control no solo de los presos por narcotráfico, sino también a guardiacárceles que fueron denunciados esta semana de connivencia con los narcos por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
Pero a mediados de año, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a exagentes y exfuncionarios del SPF que eran investigados por presunto espionaje ilegal en el penal de Ezeiza, donde estuvieron detenidos exfuncionarios kirchneristas como Julio de Vido y Amado Boudou, entre otros. Los beneficiados por el fallo de Martínez de Giorgi fueron el ex titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco; el extitular de la Dirección principal de Análisis de la Información del Servicio Penitenciario Federal, Cristina Suriano, y un grupo de agentes de distinta jerarquía que trabajaban por debajo de ellos.
Mientras tanto, el titular de la PROCUNAR y otros fiscales especializados en la lucha contra los narcos pidieron la restitución de la dirección de Inteligencia del SPF como una forma de intentar paliar los ataques que los narcos ordenan desde las cárceles. «Los capos narcos están haciendo Home Office desde las cárceles», ilustró con ironía el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Sin la responsabilidad del SPF en sus espaldas, Cúneo reunió el jueves a su equipo de Justicia. Entre ellos, Sebastian Amerio que será su vice y Diego Guerendiain que ocupará la jefatura de gabinete y, a su vez, sería el representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El equipo también tendrá a Martín Casares como asesor clave que ya trabajó en la gestión del ex ministro de Justicia de Macri German Garavano y es uno de los que más conoce la cartera. Casares también tendrá a su cargo la forma de acelerar la implementación del nuevo Código Procesal Penal que delega la investigación de las causas en los fiscales de Salta y Jujuy a todo el país, en el plazo más rápido posible.
En la Oficina Anticorrupción, se nombraría al ex secretario de un juzgado penal Alejandro Melik, luego de que fracasara el intento de que la oposición elevara una terna de candidatos. Y a la Inspección General de Justicia, en reemplazo el polémico y ultra K Ricardo Nissen, irá “un destacado escribano”, revelaron las fuentes.
En cuanto a la secretaria de Derechos Humanos, Cúneo ya tiene a un elegido pero no quiere dar a conocer el nombre por la resistencia que el secretario saliente Horacio Pietragalla quien “empezó a organizar, buscando el apoyo de los sindicatos” marchas y paros.
También ya están los nombres de los directores parea conducir la Unidad de Información Financiera (UIF) por la misma razón no se darán a conocer sus nombres. En cuanto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se discute la forma de achicar la cantidad de personal que tiene. En general, el kirchnerismo nombró decenas de militantes como contratados o los pasó a planta permanente dentro de la secretaria de Derechos Humanos.
Cúneo no pudo reunirse con el ministro saliente, Carlos Soria, el viceministro y ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Martín Mena y Pietragalla por “las peleas entre ellos”, afirmaron las fuentes.
Por las medidas que tiene en estudio, Cúneo Libarona realizó una serie de encuentros con las entidades del sector judicial antes de asumir. Se reunió primero con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn). Además de Marcelo Gallo Tagle, actual titular de la Amfjn, participaron del encuentro el presidente electo de esa institución, Andrés Basso; el actual vicepresidente, Mariano Llorens, y la vicepresidente electa, María Elena López.
También intervino la actual Mesa Directiva integrada por Fernanda López Puleio (vicepresidenta por el estamento de la Defensa), Agustín Dávila Marks (vicepresidente por el estamento de los funcionarios), Marcelo Peluzzi, y Jimena Monsalve (Secretario y prosecretaria General), Leandro Gómez Constenla y Maximiliano Callizo (Tesorero y Protesorero) y Paula Castro.
Por otra parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) realizó su brindis de fin de año en un evento del que participó Cúneo Libarona, y en el que se reclamó por la implementación, en todo el país, del sistema acusatorio, que da mayor protagonismo a los fiscales.
“El deseo es que el año que viene se adopte la decisión política de ampliar la vigencia total del Código Procesal Penal Federal en otras jurisdicciones”, dijo en su discurso el titular de la Asociación, el fiscal de Salta Ricardo Toranzos, quien recordó que ese sistema ya fue probado en Salta y en Jujuy.
Con el sistema acusatorio, “los fiscales asumen, de manera exclusiva, la responsabilidad de la persecución penal, con el compromiso de desarrollar procesos de trabajo y capacidades eficientes para la investigación y litigación”, se explayó Toranzos.
Una de las preguntas que se repetía entre los asistentes era quién será el próximo jefe de los fiscales, cargo que ocupa de manera interina el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, a quien la vicepresidenta Cristina Kirchner fracasó en sus intentos de destituirlo. Casal ocupa ese cargo desde 2017: sucedió a Alejandra Gils Carbó y permaneció en ese lugar durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes no lograron aval parlamentario para sus candidatos.
Uno de los nombres que trascendió para ocupar es el presidente de la Cámara del Crimen Marcelo Julio Lucini, pero este candidato deberá lograr el apoyo de los dos tercios del Senado, donde Cristina sigue manteniendo influencia.