Por el salto inflacionario de estas semanas y los que se esperan para diciembre y los primeros meses de 2024, las jubilaciones y pensiones tendrán ya en enero una impresionante caída en términos reales, del orden del 40% con relación a un año atrás.
En consecuencia, apenas asuma, Javier Milei debería anunciar una actualización de los haberes previsionales y de las prestaciones sociales, para todas las categorías y tramos de jubilaciones, sin esperar hasta marzo cuando debería aplicarse la próxima movilidad, le dijo a Clarín, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. Ese aumento de emergencia es independiente del pago del bono de $ 55.000 durante enero y febrero.
El fundamento del reclamo es que, durante los meses de diciembre, enero y febrero 2024 el aumento de los haberes y prestaciones sociales es del 20,87%, cuando en esos meses la suba de los precios podría superar el 40% o más.
De acuerdo a IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), una consultora que fundó Osvaldo Giordano, quien será el nuevo titular de la ANSeS, en base a datos de la Secretaría de Seguridad Social, a valores de hoy, entre setiembre del 2017 y setiembre del 2023:
La jubilación media se redujo un 32%La jubilación mínima cayó un 38%Si a la mínima se le adiciona el bono de $37.000 que se pagó en septiembre del 2023 la merma se reduce al 12%.Con la suba del 20,87% en diciembre, durante 2023 la movilidad arroja 110,9% versus una inflación que podría rondar el 190% o más. Representa una pérdida del poder adquisitivo del orden del 30%. Los que en diciembre perciben el bono $ 55.000, la pérdida es del orden del 10%.
En enero y febrero, los haberes se mantienen sin cambios, pero se descuenta una altísima inflación durante esos 2 meses, lo que asegura una nueva y mayor caída de los montos jubilatorios y de las prestaciones sociales. En el caso de los haberes más bajos la caída sería muy superior si no se mantiene el pago del bono de $ 55.000 durante enero y febrero.
Ante este panorama, Daniel Marcú, actuario y especialista previsional, plantea que:
“A partir del 1 de enero de 2024, todas las jubilaciones se ajusten por un índice de costo de vida específico del consumo de los adultos mayores. Mientras el INDEC desarrolla un indicador de este tipo se aplicaría el IPC General. El organismo puede rápidamente implementar ese índice, dado que cuenta con los relevamientos de precios y sólo debe definir las ponderaciones de una canasta de consumo específica (por ejemplo, incrementando la participación de medicamentos y gastos vinculados con el tiempo libre).La nueva movilidad se aplicaría trimestralmente o cuando la variación del índice supere el 10%, lo que suceda antes.El bono de $ 55.000 que se paga en diciembre quedaría incorporado definitivamente a todos los haberes (no sólo los mínimos) a partir de enero 2024 y se asume el compromiso de recomponer gradualmente en el mediano plazo la pérdida ocasionada a los haberes que superan la mínima. Este compromiso podría mitigar la litigiosidad que se prevé en el futuro con miles de jubilados reclamando por el trato desigual que se tuvo con ellos.SN