Cercano al anochecer del miércoles, el ministro de Economía Luis Caputo eligió X, su plataforma predilecta a la hora de compartir cambios e implementaciones, para anunciar que reducirán los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasarán de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
Sin embargo, hay referentes industriales que apelan esa premisa asegurando que “es necesaria, pero no suficiente” y ponen reparos sobre ese mismo programa económico que Casa Rosada sostiene como idóneo: en la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, no faltan las quejas por el atraso cambiario y reclaman un “verdadero plan industrial”, que no esté solamente motorizado por desregulaciones.
Flexibilizar medidas antidumping: la reacción de los empresarios
Juan Ángel Ciolli, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), va un poco más allá y considera que los cambios implementados desde el Gobierno sobre el antidumping “son una barbaridad”.
“La idea de que Caputo busque un comercio exterior más transparente y equilibrado no tiene fundamentos cuando vemos que viene creciendo el proteccionismo”, opina el dirigente.
A su vez, entiende que el Gobierno “liquida centenares de empresas”, avalando asimetrías y deformando costos locales (servicios públicos), cosa que “impacta fuertemente en la industria”.
Por caso, señala particularmente la situación del sector textil, actualmente en el centro de la discusión por sus altos precios a comparación de Sudamérica y parte de Europa.
De hecho, el sector fue el primero que se pronunció públicamente. Desde la Fundación Pro Tejer consideran que las modificaciones al régimen antidumping “podrían generar menores cargas burocráticas a las empresas”, pero les “preocupa” la reducción del plazo de duración de las medidas a 3 años.
“Este cambio debilita la herramienta y podría generar un daño a la competencia local y desincentivar nuevas inversiones en productos donde se ha comprobado la existencia de precios de dumping provenientes de determinados orígenes”, alerta la fundación.
Por los objetivos de las normativas antidumping -nivelar condiciones de mercado y evitar la competencia desleal-, la entidad que preside Luciano Galfione no encuentra razones para limitarlas en su duración.
“La menor duración de las medidas antidumping genera menor previsibilidad y afecta el horizonte temporal de inversiones de largo plazo”, enfatiza Protejer.
En esta ocasión, el sector vuelve a marcar que la política de comercio exterior “va a contramano de la tendencia de países desarrollados”, donde el uso de herramientas antidumping crece y se fortalece, sobre todo en Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones con Oriente.
“Flexibilizar el régimen antidumping NO va a generar la baja de precios locales”, concluyen desde Fundación Protejer y, en cambio, reclaman por la apreciación cambiaria, la “elevada” carga fiscal, alta volatilidad macroeconómica y altos costos logísticos, entre otras problemáticas.
En la misma línea Norberto Fedele, titular de la Unión Industrial de San Martín advierte que las pymes “no están preparadas para soportar un vendaval de productos importados” y que los cambios serían aceptados si en realidad se buscará “agilizar los procesos de presentación y análisis” de conductas vinculadas al dumping.
¿Qué es el antidumping y por qué se aplica?
El acuerdo antidumping se crea en 1994 y clasifica conductas de “competencia desleal”, entre ellas el dumping, una práctica comercial basada en exportar a un precio por debajo del que se comercializa en el país de origen o bien que difícilmente cubran los costos dentro del mercado donde llega el producto.
Fue alcanzado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), un organismo internacional creado bajo el manto del libre comercio desplegado en la década de los 90.
El objetivo es tratar de evitar que el exportador venda a precios bajos para desplazar a la industria local de forma agresiva, y luego quedarse con el mercado actualizando esos mismos precios.
El diagnóstico de base es que los grupos empresarios locales obtienen “una protección excesiva” y que “las restricciones a las importaciones no deben extenderse durante décadas”.
Argentina, por debajo de las principales potencias en derechos antidumping
El argumento de base sostenido por el Gobierno nacional es que el empresariado local mantuvo durante décadas un alto nivel de proteccionismo y que las restricciones a las importaciones no deben extenderse durante muchos años.
La ex presidenta de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) Mayra Blanco aporta información relevante para discutir esta idea.
En primer lugar, desde que se puso en práctica el acuerdo hasta el segundo semestre 2023, la propia OMC marca que los países que más derechos antidumping han aplicado durante ese lapso son India (780 derechos), Estados Unidos (628) y los países conformados por la Unión Europea (363).
Argentina recién ocupa el cuarto puesto del ranking con 300 medidas, muy cerca de Brasil (280) y luego China (268). Son las economías desarrolladas o las que conforman al gigante asiático aquellas que establecen mayor cantidad de medidas antidumping o las llamadas “economías desarrolladas del centro“.
Actualmente el país mantiene tiene 76 medidas finales y solo una provisoria. La magnitud de los derechos también fue objeto de distorsión por parte del Gobierno.
La carga arancelaria de las medidas también es motivo de discusión dentro del equipo económico. De acuerdo a la ex titular de la CNCE, la mayoría de los aranceles son menores al 100% sobre el valor FOB de importación, mientras que el porcentaje máximo es 378%.
“Además, el valor de la medida no puede aplicarse discrecionalmente, puesto que la metodología de cálculo la establece la propia OMC”, aclara Blanco.
Finalmente, todos los años en su Informe Anual la OMC estima el universo de importaciones alcanzadas por estos derechos: en 2022, último dato, sólo gravaban al 1,6% de las importaciones totales, mientras que el promedio histórico es del 1,4%.
“Dificilmente pueda considerarse que el antidumping configure una “restricción” a las importaciones, ya sea por las razones que se aplica como por su alcance”, concluye la especialista.