La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó relatos de migrantes que fueron deportados y detenidos bajo la actual administración Donald Trump. Los testimonios revelan las experiencias que atraviesan cientos de personas en el país norteamericano, como a estos venezolanos, quienes denuncian haber recibidos malos tratos por parte de los agentes federales.
Leonel José Rivas González nació en Venezuela en 1997 y fue criado por sus abuelos. Desde pequeño mostró interés por el estudio y decidió investigar sobre ventas y administración, ya que su sueño era ser empresario. Ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2023 y fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Rivas González es uno de los tres hombres, representados por ACLU que recientemente solicitaron a un tribunal federal de distrito que impidiera su traslado a Guantánamo. A pesar de haber obtenido inicialmente una orden de restricción temporal que impedía su traslado, Leonel y los demás solicitantes fueron deportados a Venezuela el 10 de febrero de 2025, menos de 24 horas después de la emisión de la orden judicial.
Esta historia comienza cuando un juez de inmigración ordenó la deportación del migrante en marzo de 2024. Sin embargo, meses después, seguía detenido en Otero, a pesar de que no había vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela debido a la ruptura diplomática entre ambos países.
Las reglas del lugar le parecieron arbitrarias y restrictivas. “Ni siquiera puedes poner la mano en el hombro de otro detenido sin que los guardias se acerquen”, afirmó y agregó: “Lo ven todo como malo”. Junto con otros migrantes, inició una huelga de hambre para protestar por las condiciones. Como represalia, lo enviaron a aislamiento por 45 días, lo que afectó su salud emocional. “Me sentía secuestrado”, confesó durante su testimonio, en el que llegó a admitir que había pensado en autolesionarse.
Según Rivas, lo único que le dio fuerzas para no hacerlo fue pensar en su pareja y su hija. Rivas González explica a ACLU que los guardias a veces “cerraban las ventanas”, lo que intensificaba su ansiedad al no poder ver la luz del sol. “No podía parar de llorar”, dijo. Añadió que recurrió a la lectura, principalmente la Biblia para mantener “su cordura”.
El venezolano enfrentó dificultades para comunicarse con su familia durante la detención. Los costos de las llamadas eran elevados y el acceso estaba restringido. Durante las visitas del personal de salud mental, evitaba hablar por temor a represalias. El miedo a ser trasladado a otra área del centro lo llevó a mantenerse en silencio, ya que se rumoreaba que en otros lugares la estadía era peor. “Los venezolanos no somos peligrosos para la sociedad”, concluyó.
Yofer Fernando Orozco Herrera, originario de Barinas, Venezuela, es otro de los hombres representado por ACLU. Participó en protestas contra el gobierno de su país y sufrió represalias. Fue detenido y golpeado por la policía antes de decidir abandonar su lugar de origen. Buscaba seguridad y mejores condiciones de vida al emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, terminó en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Nuevo México.
El tiempo en aislamiento marcó profundamente la experiencia de Orozco Herrera. “El aislamiento es horrible”, expresó al describir su estadía en la celda. Durante 17 días tuvo un acceso mínimo al patio y a las llamadas telefónicas. Los guardias imponían restricciones y acusaban rutinariamente a todos los detenidos venezolanos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua sin pruebas.
“Los guardias quieren dañarnos psicológicamente”, indicó en una entrevista con ACLU y explicó cómo algunos guardias tratan a los detenidos con racismo explícito. “No somos malas personas. Somos padres y madres que queremos trabajar”, dijo.