El Gobierno envió al menos 300 mil cartas documento a beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en el marco del proceso de auditorías. El decreto 843/2024 introdujo cambios en los requisitos para el otorgamiento de pensiones: entre ellos que la persona se encuentre “incapacitada en forma total y permanente”, lo que significa que “la invalidez produzca una disminución del 66% o más de su capacidad laborativa”.
En las auditorías que se están llevando adelante, denuncian desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), se sigue utilizando la resolución 187/2025 que emplea términos como “idiota” para referirse a los beneficiarios de estas pensiones. “Spagnuolo dijo que era un ‘error’ y lo iban a modificar, pero hasta ahora no lo hicieron”, aseguró a PERFIL Ana Dones, miembro de Redi.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) afirmaron a este medio que “en la actualidad solo se están evaluando cuestiones relacionadas a la constatación de documentación presentada” y aseguraron que “los términos señalados no se utilizaron en ningún momento: ni en formularios, bases de datos o documentación alguna”, aunque no confirmaron que la resolución se haya modificado.
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Por otro lado, en la última semana, fueron numerosas las quejas por la falta de información y la desorganización en las auditorías: algunas personas tuvieron que esperar hasta diez horas para entregar los comprobantes requeridos.
De todas maneras, las pensiones no son más que un paliativo para un problema estructural: de acuerdo con un estudio de la ONG Por Igual Más el 86% de las personas con discapacidad están desempleadas, y del 14% restante el 39,3% trabaja en condiciones de informalidad.
Según el informe que la institución compartió con PERFIL, entre los motivos por los cuales las empresas no contratan a personas con discapacidad están “el desconocimiento (25,8%), continuando con que las empresas aún no están preparadas (19,6%) o que directamente no contemplan la posibilidad de contratar personas con discapacidad (19%)”. Se trata, en definitiva, de población que sí podría trabajar y cuyas condiciones no entrarían dentro de los nuevos requisitos para obtener una pensión, pero que, por cuestiones que escapan a su voluntad, quedan fuera del sistema.
El impacto en los índices de pobreza
Según el último estudio sobre las personas con discapacidad del Indec (2018) el 23,7% de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se encontraba en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3% de la población sin discapacidad. Ante esta situación, no se han implementado soluciones adecuadas.
Pese al aumento en la cantidad de personas en situación de calle (el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que hay 4.049 en total, un aumento del 55% en dos años) los albergues destinados a esta población no cuentan con condiciones de accesibilidad. En las últimas semanas la justicia falló a favor de un amparo presentado por la abogada Varina Suleimán por este motivo. Entre otras cosas, la sentencia obliga a la gestión porteña a adecuar, en un plazo de 90 días, estos lugares.
“El programa ‘Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional’ no solo resulta deficitario en el acceso, permanencia y cobertura, sino que no se encuentra adecuado a lo dispuesto por las normas citadas con relación al monto de la prestación dineraria (art. 8 y 38 de la ley 4.036) y a los subgrupos merecedores de soluciones diferenciadas (personas con consumo problemático, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia sexual o doméstica, niños, niñas y/o adolescentes)”, puede leerse en el documento que compartió con PERFIL la demandante.
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“El artículo 25 de la ley refiere textualmente: se debe brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad que se hallen en situación de vulnerabilidad”, explicó a este medio la abogada. “Si una persona tiene discapacidad y está en situación de calle, no es que suma dos factores de vulnerabilidad, la operación matemática no es la suma, sino la potenciación. En la calle hasta les roban las sillas de rueda”, agregó.
“Se puede discriminar por acción o por omisión. Por omisión cuando el lugar es inaccesible. Pero además hay discriminación por acción, es decir es explícita. El Gobierno dice de antemano que algunos paradores no están hechos para personas con discapacidad”.
Suleimán agregó que, en los informes del expediente presentados por el propio Gobierno, “surge que no hay medidas específicas para discapacidad (psicosocial -salud mental- o accesibilidad)”. No se trata, enfatizó, de abrir otros lugares. “Si se creara un parador específico para personas con discapacidad motora sería inconstitucional. Hay que incluir e integrar a las personas con discapacidad y por tanto hay que adecuar los paradores existentes a los parámetros de derechos humanos”.
La asociación ‘Amigos en el Camino’ trabaja con personas en situación de calle. “Hemos encontrado personas a las que les han robado las sillas de rueda. A eso se suman todas las dificultades que tiene cualquier persona en situación de calle para acceder a un baño, por ejemplo”, explicó a este medio Mónica De Russis, directora ejecutiva de la ONG. “Dependiendo el tipo de discapacidad, las dificultades que puede tener una persona para acceder se multiplican”. Agregó que la asociación tiene “un pequeño banco de ortopedia con muletas, bastones, sillas de rueda. En caso de encontrar a una persona en situación de calle rápidamente tratamos de volver a nuestra sede y ofrecerle alguno de esos elementos”.
La falta de infraestructura para albergar la diversidad se traduce en historias reales. “Hace poquito Martín, un amigo que estaba en situación de calle con diabetes, estaba absolutamente descompensado. Le tuvieron que amputar la pierna. Esa persona, que es mayor, que tiene un problema de obesidad también, no puede volver a la calle, entonces está esperando el ingreso a algún hogar. Mientras tanto está en el hospital”. Respecto a la cantidad de personas en estas condiciones, concluyó De Russis, “se observa un aumento considerable”.
RV / Gi