Un operativo de la Policía de la Ciudad en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo terminó en un hallazgo inesperado y alarmante. Durante un allanamiento en un edificio ubicado en la calle Castillo al 100, efectivos de la División Investigaciones Comunales 15 de la policía porteña encontraron una granada, lo que obligó a activar un protocolo de emergencia y a solicitar la intervención del Escuadrón Antibombas.
Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el explosivo fue descubierto mientras se realizaba un allanamiento ordenado en el marco de una causa iniciada a raíz de denuncias de vecinos, quienes alertaron que el residente del departamento los amenazaba con armas de fuego.
La investigación, que tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, tenía como objetivo el secuestro de armas y municiones, pero la presencia de una granada en la vivienda desató un operativo de emergencia que motivó la solicitud de intervención del Escuadrón Antibombas. Como medida de seguridad para el resguardo de los vecinos, se realizó el corte total de la calle hasta que los especialistas en explosivos aseguraron la zona.
El hallazgo de la granada abrió una nueva línea de investigación, mientras las autoridades intentan determinar su procedencia y si está vinculada a redes delictivas más amplias. En tanto, la Policía de la Ciudad continúa con la realización de diligencias para esclarecer los motivos por los cuales el artefacto se encontraba dentro del departamento y si hay más implicados en el caso.
Detonaron un bolso sospechoso tras una amenaza de bomba
Apenas horas más tarde del episodio de la granada, en Villa Crespo se volvió a vivir momentos de extrema tensión cuando efectivos del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad detonaron un bolso que había sido arrojado debajo de un rodado estacionado en la calle Corrientes al 5500, a unos 100 metros del Instituto Argentino de Cultura Hebrea y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La alerta se activó tras una amenaza de bomba en la zona. Ante el riesgo potencial, se desplegó un operativo de emergencia y los especialistas realizaron una explosión controlada del objeto. Al estallar, comprobaron que el bolso solo contenía ropa, disipando el temor de un posible artefacto detonante.
Las autoridades continúan investigando ambos episodios para determinar si existe algún tipo de conexión entre ellos o si se trata de incidentes aislados.
Antecedentes: incidentes frente a la Embajada de Israel y el Congreso encendieron alarmas de seguridad
En noviembre de 2024, dos incidentes con drones en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad. Uno de ellos ocurrió frente a la Embajada de Israel, cuando un dispositivo aéreo no tripulado se desplomó y se incendió en plena vía pública, mientras que días después, otro dron de origen ruso cayó sobre la terraza del Congreso Nacional, generando inquietud y derivando en una causa judicial.
El primer episodio ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y Chacabuco, donde la caída de un dron derivó en la intervención de la Policía Federal Argentina y a otras fuerzas de seguridad, que trabajaron en el área para determinar su procedencia. Por protocolo, decidieron avanzar con el corte parcial de calles en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Según trascendió, el dron habría sufrido una falla técnica que provocó su caída y posterior incendio, aunque el fuego fue extinguido antes de la llegada de los agentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó cualquier tipo de ataque y aseguró que se trató de la “imprudencia de un usuario particular”.
Días después, otro episodio encendió nuevas alarmas en el Congreso Nacional. Un dron de pequeñas dimensiones, equipado con una cámara y capacidad de grabación de sonido, cayó sobre la terraza del Palacio Legislativo. La situación tomó un giro inesperado cuando tres hombres de nacionalidad rusa se presentaron en la entrada del edificio, afirmando que había “perdido” su dron y solicitaban recuperarlo.
Ante la sospechosa situación, el encargado de seguridad del Congreso notificó inmediatamente lo sucedido a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, quien dispuso la intervención de la Policía Federal, la División Explosivos y la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas. La capacidad para registrar imágenes y audio del dispositivo, un DJI MAVIC Mini PRO4 con una memoria Samsung de 128 GB, suscitó inquietud en el personal de seguridad de la Policía de la Ciudad.
El dron fue secuestrado y se abrió una causa judicial caratulada como “Intimidación Pública”, bajo la órbita del juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2. Como parte de la investigación, el magistrado resolvió que tanto los efectivos policiales como el personal de seguridad que estuvo en contacto con el dispositivo debían presentarse a prestar declaración.
Conforme a los criterios de