«Ya pasó más de un mes desde que asumieron y todavía no cubrieron ninguna de las oficinas de los organismos nacionales y aún hoy siguen conducidas por La Cámpora. En el Pami, por ejemplo, siguen haciendo asistencialismo», se queja un intendente de una ciudad patagónica y expone, con crudeza, un nuevo frente de tormenta que genera chispazos dentro del Gobierno pero también en su vínculo con fuerzas aliadas como el PRO.
Se trata de las delegaciones que entes como la obra social de los jubilados, la Dirección de Migraciones, Vialidad Nacional o la «apetecible» Anses -por la magnitud de recursos que administra- tienen sede en distintas provincias y para muchos dirigentes locales constituyen la herramienta perfecta para hacer política territorial.
El problema que enfrenta el oficialismo es que hoy no cuenta con un dirigente que centralice esas negociaciones y logre acallar las críticas que comienzan a escucharse dentro del mismo espacio libertario pero también desde partidos aliados con los que hoy se negocia, por ejemplo, el apoyo legislativo para la denominada «Ley Bases».
Hoy estos pedidos estarían siendo recibidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien tutela la relación política con los gobernadores, pero también de manera informal por Eduardo «Lule» Menem, quien en su rol de asesor «todo terreno» de su primo Martín, presidente de la Cámara de Diputados, articula con los integrantes del bloque libertario y de otros espacios que desean influir en los nombramientos de las delegaciones de los organismos federales.
El protagonismo del sobrino del fallecido expresidente de la Nación, sin cargo formal en el Parlamento ni en el Ejecutivo, genera ruidos internos: algunos dirigentes le adjudican haber meneado una supuesta bendición de Karina Milei para poder armar las listas de candidatos a ocupar los cargos en las regionales.
Lo cierto es que, tal como ocurre en otras dependencias del Estado, en muchas oficinas de los organismos siguen tallando funcionarios que vienen de la anterior gestión. Otro foco de tensión sería la resistencia del titular de la Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, a autorizar «delegados políticos» en las oficinas del interior de la entidad.
En la AFIP la administradora Florencia Misrahi también habría optado por dar continuidad a los «técnicos de planta permanente» con el objetivo de evitar que las regionales de Aduana sean ocupadas por dirigentes cercanos a legisladores del oficialismo o partidos aliados. Con todo, se suman voces de rechazo a la supuesta influencia que el massista Guillermo Michel habría tenido en la designación de algunos puestos de relevancia. «En el interior se están cubriendo los cargos con gente de planta. No tienen equipo», alertó, a su turno, una fuente sindical consultada.
En Migraciones, que depende del ministerio del Interior, quedó a cargo de Sebastián Seone, un funcionario que trabajó con su antecesora, la kirchnerista Florencia Carignano. Si bien lleva muchos años en el organismo, las suspicacias surgen por el vínculo que unió al padre de la ex funcionaria, el exdiputado Raúl «Gringo» Carignano, con el propio Francos cuando a fines de los ´90 ambos militaban en el partido cavallista Acción por La República.
Como sea, esta suerte de «descontrol» en la designación de autoridades en las regionales de los organismos nacionales también provoca cortocircuitos con dirigentes de partidos «aliados» con los que el oficialismo se encuentra negociando para, así, apurar el trámite legislativo de la ley Omnibus en la Cámara de Diputados. «Ni nos consultan pero tampoco proponen a nadie, por lo que los funcionarios camporistas siguen en sus puestos repartiendo leña y comida», concluye el intendente consultado.