Tal como es habitual para todos los funcionarios judiciales, el trabajo de Oyarzún en el lapso abril de 2020 hasta abril de 2023 fue evaluado el año pasado por los consejeros Esteban Defelice, Manuel Burgueño Ibarguren, Mirta Pacheco y Jorge Früchtenicht.
Con un dictamen positivo, todo indicaba que se encaminaba a una aprobación del pleno. Hasta que los consejeros se enteraron de que el Colegio de Abogados de Sarmiento había aportado a la comisión evaluadora el caso de tres mujeres que habrían tenido al menos intercambios de WhatsApp con el defensor, impropios de su investidura. Están identificadas en la documentación.
“Habiendo llegado a conocimiento de esta Comisión una eventual inconducta y siendo que no supera el nivel de comentario de corrillo, decidimos desestimarla y centrarnos en su desempeño funcional”, se explicó en el audio del debate, disponible en la web del Consejo.
Cuando esa sesión extraordinaria del 6 de diciembre discutió qué hacer con la evaluación, quienes habían evaluado a Oyarzún advirtieron que aunque incluso hubo charlas telefónicas con las involucradas, ninguna se presentó a brindar su testimonio. Por eso optaron por avanzar en el proceso sin poder profundizar en el dato.
Habían viajado a Sarmiento porque desde ese Colegio manifestaron “tener 3 testimonios de jóvenes que habrían sido tentadas para un intercambio sexual a cambio de sus servicios, propuesta que habría salido de Oyarzún de cambiar figuritas, sexo por asistencia letrada en la defensa”, describieron.
“NO VINIERON A PONER LA CARA”
“Hablamos con dos de las 3 chicas que traían esa versión y se resistieron a venir a juntarse con nosotros y definitivamente después de dos o tres días que estuvimos ahí no lo hicieron, así que decidimos cerrar todo y seguir para adelante”, se agregó. “No vinieron a poner la cara porque les ofrecimos venir a declarar con nosotros, a respetarle su intimidad, a que nos den elementos de juicio para seguir adelante y a partir de ahí disparar una investigación, y no se nos arrimó absolutamente nada”.
Hubo varios llamados a las presuntas víctimas pero no contestaron más. “No teníamos la suficiente prueba ni garantía de que se volvieran a presentar” para profundizar en el tema.
Mariano Jalón, consejero por los abogados de Esquel, advirtió sin embargo que como funcionarios públicos y aunque por ahora sólo sea un rumor, el organismo estaba obligado a hacer conocer al Juzgado de Familia de Sarmiento el sensible episodio, en el marco de una posible violación a los derechos establecidos en la Convención de Belém do Para. No es necesario aportar pruebas sino revelar lo que el organismo ya sabe.
En el debate, Sonia Donati propuso elevar la información al Juzgado de Familia y a la vez, dejar en suspenso la evaluación de Oyarzún. No se puede aprobar una gestión en la cual flota una sospecha que exige aclaración.
“Tal vez no tengamos que meternos a buscar pruebas pero hay que dilucidarlo. Es incongruente poner en conocimiento un hecho que afecta un buen nombre y honor pero por otro lado le apruebo la gestión. Hay que suspender la evaluación”. Oyarzún era defensor en Sarmiento. Hoy trabaja en Comodoro Rivadavia.
Fuente: Jornada