Luego de producirse la prueba de la cesura y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de cada uno de los condenados, el fiscal Cristian Olazabal solicitó 6 años de prisión para los exfuncionarios Abel Boyero y Rubén Palomeque; 4 años y 10 meses para Rubén Sartori y Juan Carlos Lara; 4 años y 4 meses para Marcelo Van Heerden; 5 años y 6 meses para Joaquín Mansilla; 5 años de prisión para Cristian Pérez; 5 años y 6 meses para Roberto Monasterolo; 5 años para Javier Morales y 5 años y 2 meses para Cristian Hernán Lobos Rosas. Además, se solicitó la medida cautelar de inhibición general de bienes y costas del proceso para todos ellos, resaltando que el único atenuante era la falta de antecedentes penales.
El fiscal Olazabal consideró la “naturaleza de la acción y extensión del daño causado por el delito de corrupción, como un atentado al sistema republicano de gobierno establecido en la Convención de las Naciones Unidas”.
Añadió que “en la tormenta extra-tropical que destrozó la ciudad, hubo personas que ayudaron en solidaridad y hubo otros que aprovecharon para enriquecerse”. En cuanto al daño patrimonial causado al Estado Municipal, dijo que “fue de gran magnitud”, precisándola en 408.804 dólares (410 millones de pesos al valor actual).
LA VOZ DE LOS IMPUTADOS
Por su parte el defensor de Monasterolo, Fabián Gabalachis, se opuso a la inhibición general de bienes y, evaluando las circunstancias agravantes y atenuantes, requirió el mínimo de la pena para su asistido, 2 años de prisión, y que la misma sea dejada en suspenso.
El tribunal de debate es integrado por Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, en tanto en el Ministerio Público Fiscal Olazabal actuó acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía.
Todas las restantes defensas solicitaron penas de dos años, el mínimo, y que la misma sea en suspenso, menos María de los Ángeles Garro, quien pidió 2 años y 4 meses para Mansilla. A su vez, Ivo Di Taranto solicitó 2 años y 3 meses para Cristian Pérez y Juan Bill de 2 años y dos meses para Lobos Rosas. Oponiéndose todos a la inhibición general de bienes para sus asistidos.
Cabe recordar que el pasado 8 de julio el tribunal dio a conocer la parte dispositiva del fallo que “sobreseyó” a Gonzalo Pérez y Julián Astiz, “declarando parcialmente nula la acusación en su contra”; y asimismo declaró a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”.
En igual sentido, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Javier Morales, Cristian Pérez y Lobos Rosas, mientras a los inspectores municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori se los consideró penalmente responsables como partícipes de fraude a la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público, absolviendo a Alejandro Herk ya que “la prueba en su contra es insuficiente”.
La investigación se originó luego del “ciclón extra-tropical” que azotó a Comodoro Rivadavia entre los días 28 de marzo y 9 de abril de 2017, cuando según el Servicio Meteorológico Nacional se produjo la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad, anegando calles y viviendas.
El 5 de abril de ese año el Consejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó al Poder Ejecutivo local que conducía Carlos Linares a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos.
Con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrataron desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial y se confeccionaron partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.